Pensiones y protección social

ASEGURAREMOS LA SOSTENIBILIDAD Y SUFICIENCIA DEL SISTEMA DE PENSIONES PARA LAS GENERACIONES ACTUALES Y FUTURAS.

Impulsaremos la contributividad del sistema y lo dotaremos de mayor transparencia y accesibilidad, de modo que todos los trabajadores puedan acceder con mayor sencillez a la estimación de la pensión futura.

Analizaremos la situación de los mutualistas alternativos en aras a promover junto a las mutualidades unas condiciones de jubilación dignas.

Seguiremos llenando la hucha de las pensiones con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo y poder mantener pensiones dignas para las generaciones futuras.

Profundizaremos en la creación de fondos de pensiones de empleo, desarrollando el segundo pilar de protección, en el ámbito laboral

Se reconoce a cada uno de los progenitores un periodo de año cotizado por cada hija o hijo.

seguiremos aumentando el montante de la pensión mínima durante esta legislatura, como se ha hecho en la presente, hasta conseguir la media europea.

El incremento del 10% de la cuantía del complemento para la reducción de la brecha de género previsto para 2024-5 se completará con otro 10% adicional durante el bienio 2026-7

Blindaremos el poder adquisitivo de las pensiones con un cambio constitucional. Garantizaremos ante cualquier circunstancia el poder adquisitivo de todas las pensiones con arreglo al IPC.

Seguiremos revalorizando las pensiones mínimas y no contributivas durante la próxima legislatura, para reforzar su efectividad en la reducción de la pobreza.

con una subida del complemento contra la brecha de género del IPC +10% adicional en 2026-2027.

Desarrollaremos nuevas modalidades de jubilación parcial y activa, para dar más flexibilidad y mejores oportunidades en una salida progresiva y voluntaria del mercado de trabajo.

Aprobaremos una nueva fórmula de jubilación parcial anticipada que preserve la calidad del empleo de los relevistas a través de contratos indefinidos

Culminaremos la regulación de la jubilación anticipada para actividades profesionales especialmente duras o penosas, con una especial atención a la dimensión de género.

Por el nacimiento o adopción de cada hijo reconoceremos a cada uno de los progenitores un periodo de cotización de un año, que redundará en su futura pensión.

vamos a reformar las pensiones de muerte y supervivencia con el objeto dignificar las pensiones de orfandad y mejorar las pensiones de viudedad de aquellas viudas en situación de vulnerabilidad.

Ello incluye culminar el proceso que iniciamos en 2021 de separación de fuentes de financiación con la asunción por el Estado de todos los gastos impropios, de naturaleza no contributiva, así como el despliegue del mecanismo de equidad intergeneracional.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social estará dotado con más de 20.000 millones de euros en 2027.

Este compromiso se mantendrá de forma absoluta

se subirán por encima del IPC las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, hasta que su cuantía alcance, al menos, el umbral de la pobreza.

El texto constitucional explicitará que el sistema de la Seguridad Social es una función del Estado de la que está excluida toda operación de lucro privado

Aseguraremos que la suficiencia de las prestaciones, inseparable de la revalorización de las prestaciones, se siga haciendo mediante ley, de acuerdo, como mínimo, con la subida del IPC para asegurar su poder adquisitivo.

Protección de la familia en situaciones de viudedad, orfandad, etcétera se lleve a cabo exclusivamente en consideración a los lazos reales de convivencia y afecto que puedan ser acreditados por cualquier medio de prueba válido en derecho y no solo a través de actos registrados oficialmente.

Asimismo, mejoraremos las fuentes de financiación del sistema para evitar que el equilibrio financiero se busque a través del recorte de las prestaciones.

se promoverá el retorno de la gestión económica de IT por contingencias comunes a la Seguridad Social y se valorará el incremento de la cuantía de la prestación por incapacidad común al 75% desde el primer día, y al 100% por contingencias profesionales.

complementando las pensiones más bajas y en especial las no contributivas para asegurar que no condenan a nadie a la vulnerabilidad social.

Se hace necesario seguir apostando por reforzar el complemento de las pensiones para la reducción de la brecha de género

Es necesario plantear un aumento de la cuantía actual de las pensiones mínimas, tanto de las contributivas como de las no contributivas. Igualmente, las pensiones de viudedad deben incrementarse para aquellas mujeres que no poseen cotizaciones propias

establecer un convenio especial con la Seguridad Social para la cotización, con efecto retroactivo, de los años de dedicación como Deportistas de Alto Nivel (DAN) mientras se disfrutaba de becas oficiales.

Aseguraremos la sostenibilidad del sistema de pensiones desmontando el sistema autonómico, po- niendo fin a las duplicidades administrativas, reduciendo el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos y terminando con el despilfarro político.

El ahorro dejará de tributar por su falso incremento provocado por la inflación incluyendo tablas de actualización automática; y las pensiones contributivas estarán exentas de IRPF por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral.

Crearemos un Centro Nacional de Investigación de la ELA. Promoveremos que la declaración de la dependencia se realice con el diagnóstico de la enfermedad para agilizar las prestaciones.

una evaluación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y una revisión de su sistema de financiación

PROMOVEREMOS UNA OFERTA DE ATENCIÓN SOCIAL AMPLIA Y LIBERTAD DE ELECCIÓN PARA LAS PERSONAS MAYORES con el fin de que puedan optar a los recursos asistenciales que más se adecúen a sus necesidades y preferencias.

PONDREMOS EN MARCHA UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA SOLEDAD NO DESEADA que, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, sirva para combatir el aislamiento social, particularmente entre la población mayor y en el ámbito rural.

Pondremos en marcha una Red de atención a personas mayores en soledad y fomentaremos la corresponsabilidad social para que los ciudadanos asuman un rol activo y participativo.

FAVORECEREMOS LA CREACIÓN DE MÁS RECURSOS RESIDENCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES, como las viviendas compartidas, las viviendas con servicios comunes y otras modalidades de habitabilidad que incorporen servicios de apoyo y cuidado a quien lo necesite.

IMPULSAREMOS UN NUEVO SISTEMA SOCIOSANITARIO a través de una cartera de servicios conjuntos de apoyo que permitan la permanencia del paciente en su contexto socio-familiar.

PONDREMOS EN MARCHA UN PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN A LA FRAGILIDAD SOCIOSANITARIA con el fin de contribuir a la detección y orientación de los servicios sociosanitarios en base a la fragilidad de las personas

impulsaremos, junto con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, programas de atención combinada de mayores con hijos con discapacidad en centros residenciales, con el fin de que los padres mayores que viven en residencias y tienen algún hijo con discapacidad, puedan residir en el mismo centro o en alguno cercano en compañía de sus hijos.

Fortaleceremos la red pública de servicios de cuidados potenciando un nuevo modelo de organización social de los cuidados para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad.

Aumentaremos la oferta de Centros de día y de cuidados de larga duración, uniéndolo a la Estrategia estatal de lucha contra la soledad no deseada.

Fomentaremos la colaboración público-privada, en el marco de la negociación colectiva, para establecer incentivos vinculados con la oferta de servicios de cuidados o facilidades para acceder a ellos, como escuelas infantiles o ludotecas, centros de día para personas mayores, etc.

No dejaremos hasta asegurar que las personas dependientes cuenten con la atención y los cuidados que necesiten en el momento en que la precisen.

Seguir promoviendo el pacto político territorial que adapte los servicios sociales a las nuevas necesidades sociales, intensificando la cogobernanza con las comunidades autónomas y las entidades locales con una nueva ley de Servicios Sociales.

Garantizar una cartera común de servicios sociales que potencie la intervención comunitaria, impulsando la atención integrada intersectorial de proximidad.

Avanzar hacia un Sistema de Información Estatal de los Servicios Sociales garantizando el conocimiento y la accesibilidad de los servicios sociales y prestaciones

Avanzar hacia una regulación estatal de ordenación de las profesiones de la Intervención Social y la consideración de los/as profesionales de los servicios sociales como autoridad.

Asegurar una correcta financiación de la dependencia que asegure su suficiencia y sostenibilidad.

Seguir con la reforma del SAAD: nuevos servicios y prestaciones adaptados a las necesidades de cada persona, dispositivos que acaben con la lista de espera, reorganización y modernización de la atención a domicilio y ampliación de la teleasistencia

Impulsar una prestación para las personas electrodependientes que les permita hacer frente al coste energético que supone el depender de un soporte vital.

Actualizar el Plan de Choque en Dependencia y, en colaboración con las Comunidades Autónomas, considerar la teleasistencia como derecho subjetivo.

Seguir desarrollando la promoción de la autonomía personal, contemplada en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, promoviendo la figura del asistente personal.

Asimismo, estableceremos un tiempo máximo de 30 días para la recepción de prestaciones sociales más importantes, como es la prestación de ayudas a la dependencia.

Mejorar el modelo residencial, aumentando la calidad de la atención en centros tanto públicos como privados en equipamientos y profesionales.

Promover la construcción de nuevos centros residenciales públicos para personas en situaciones de mayor dependencia, en el marco de las políticas de vivienda que el gobierno va a fomentar.

Impulsar un Pacto de Estado para la defensa y promoción de los derechos de las personas mayores.

Daremos más protagonismo a la asistencia personal para el desarrollo de una vida autónoma, y mejoraremos la teleasistencia avanzada y accesible.

Esto se hará con la introducción de soluciones tecnológicas para fomentar el cuidado a domicilio recurriendo al diagnóstico remoto o los dispositivos de monitorización.

continuaremos incrementando la financiación estatal del SAAD hasta que alcance el 50%, asegurando que las comunidades autónomas mantengan su inversión en términos reales.

rediseñaremos, bajo principios redistributivos, el actual sistema de copagos para asegurar que todas las personas dependientes reciben una atención adecuada y suficiente independientemente de sus ingresos.

Pondremos en marcha una ley que recoja el derecho universal al cuidado y que dignifique los trabajos de cuidado, reconozca y revalorice las tareas de cuidado que asumen mayoritariamente las mujeres y apueste por un sistema público universal de cuidados,

Esto implica una transformación económica y social que debe venir acompañada también de un Pacto de Estado por los Cuidados.

Debe además prevalecer el sistema de contratación pública de servicios de cuidados y de atención a las personas con la inclusión de cláusulas sociales

Se crearán bolsas de cuidado en domicilio o en lugares públicos convenientemente habilitados, con garantías de dignidad laboral para las personas que entren a formar parte de las mismas.

También se establecerán ayudas económicas para la adaptación de la vivienda con el fin de mejorar la autonomía y la accesibilidad, previniendo accidentes y caídas y facilitando la movilidad

Reformaremos la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para transitar hacia una red pública de base comunitaria de atención a la dependencia, y aseguraremos la cofinanciación del sistema de dependencia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, de acuerdo con la ley.

Acabaremos progresivamente con la concertación con el sector privado mercantil, potenciando los servicios públicos e integrando en la red pública a las empresas de economía social.

Pondremos en marcha un programa de prevención e intervención frente al maltrato a las personas mayores, tanto en el ámbito institucional como en el doméstico.

Aprobaremos e implementaremos la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización; incrementaremos la financiación estatal de la atención a la dependencia

hasta alcanzar la media europea, asegurando que alcance el 50% de la inversión total; revisaremos el catálogo de servicios y prestaciones, mejorando las intensidades horarias y las cuantías económicas

Revisaremos urgentemente las normativas de residencias de mayores para que garanticen unas condiciones de vida dignas.

Se establecerán nuevos mecanismos rápidos y eficaces de inspección y sanción que aseguren el cumplimiento riguroso de la normativa

Se crearán consejos de residentes y familiares a través de los que se podrá controlar el cumplimiento del marco normativo y la calidad de la atención.

Impulsaremos un pacto intergeneracional que garantice el derecho a desarrollar un proyecto vital en cada fase de la vida y que incluya reformas legislativas que luchen contra la discriminación por edad

Frente a la cultura de la muerte y del descarte, garantizaremos para nuestros mayores y dependientes el cuidado, la dedicación y las atenciones que merecen, reforzando las partidas a la dependencia, las ayudas para el cuidado en el hogar, el apoyo a familiares a cargo, aumentando las plazas en residencias y los programas de atención a la soledad no deseada.

Seguiremos exigiendo una revisión del sistema residencial, especialmente de titularidad pública, para mejorar los protocolos, servicios y equipamientos.

Estableceremos la deducibilidad fiscal de los gastos en que incurren las familias por la contratación de cuidadores de personas dependientes

así como medidas de apoyo a las personas que decidan cuidar a sus familiares mayores en el hogar, incluyendo el contacto con un profesional sanitario que les apoye externamente en esta labor.

También se habilitarán medidas de apoyo económico, social e institucional a familiares y cuidadores.

Incrementaremos la compatibilidad del IMV con el empleo y la capacitación, mediante la implementación de bonificaciones adicionales en las cotizaciones sociales para aquellos trabajadores que amplíen sus horas laborales y condicionaremos la percepción a la participación en itinerarios de inserción laboral.

PRIORIZAREMOS LOS DERECHOS DEL NIÑO A VIVIR EN UNA FAMILIA PARA INCENTIVAR SU DESARROLLO VITAL EN HOGARES y prevenir la separación familiar en situaciones de riesgo. Apoyaremos a las familias acogedoras

PROMOVEREMOS AYUDAS CONTRA LA POBREZA INFANTIL, donde España impulse y coordine un despliegue acelerado de la Garantía Infantil Europea en todo el territorio

Promoveremos la integración plena de la comunidad gitana mediante programas de eliminación de estereotipos, la plena integración social y la inclusión sociolaboral.

Desplegaremos las medidas incluidas en la Estrategia contra la Pobreza Energética. Reforzaremos los bonos sociales térmico y eléctrico y crearemos la /72 figura del “consumidor electrodependiente” para mejorar el acceso a la energía en igualdad de condiciones

Del mismo modo, los servicios de comedor deben incluirse como una prioridad para la equidad y como refuerzo de las políticas contra la pobreza infantil.

Desarrollaremos de una estrategia de lucha contra la pobreza 2030, con objetivos concretos de reducción de la pobreza y centrada en acabar con la pobreza de las mujeres

Promoveremos una normativa marco sobre niveles mínimos de ingresos que cubra a todas las personas mayores de 18 años

Mejoraremos el acceso al Ingreso Mínimo Vital.

Mejorar el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos.

Consolidar el Ingreso Mínimo Vital y el Complemento de Ayuda a la Infancia –hasta llegar a al menos un millón de niños, niñas y adolescentes- como principales herramientas para reducir la pobreza infantil en nuestro país.

Garantizar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a comedores escolares, para asegurar al menos una comida saludable al día

Extender el servicio de comedor escolar a centros de educación infantil y secundaria priorizando los ámbitos territoriales con menor nivel de renta.

Impulsar el uso de tarjetas monedero alimentarias con un plan a nivel nacional para facilitar el consumo de alimentos –incluidos los no perecederos- y evitar la estigmatización de las familias en situación de vulnerabilidad.

Continuaremos evaluando el alcance del IMV con la intención de eliminar las posibles barreras de acceso de las y los potenciales beneficiarios.

Continuaremos simplificando y mejorando los sistemas de acceso, facilitando los trámites y adecuando la documentación requerida.

Culminaremos la integración de prestaciones no contributivas en torno al IMV.

Articularemos un sistema más sencillo, incorporando prestaciones complementarias al IMV, con mejoras significativas en requisitos y cuantías, que, además, permitan atender circunstancias como la presencia de menores de edad, de personas con discapacidad o de personas en edad de jubilación.

Extenderemos y mejoraremos los itinerarios de inclusión socio-laboral a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.

Contaremos con un Fondo de Inclusión Social de más 2.500 millones €, financiado con los fondos Next Generation, para mejorar la eficiencia del sistema

Incentivaremos el desarrollo de políticas coordinadas con las CCAA para mejorar y perfeccionar el alcance de las políticas de inclusión en su conjunto, garantizando el uso instrumental y no finalista del IMV.

Seguiremos apoyando los proyectos piloto para evaluar el impacto de las políticas públicas en el ámbito de la inclusión social

Trabajar por erradicar el sinhogarismo de calle en 2030, desarrollando el Acuerdo Marco e impulsando la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030.

Ampliar la red de atención temporal a personas sin hogar, desde un modelo housing first, housing led o a través de alojamientos de emergencia temporal.

Impulsar el diseño de un Plan de Acción por las Administraciones Públicas competentes, con dotación económica suficiente, para la erradicación del chabolismo y los asentamientos segregados, que incluya la participación de la población gitana en el diseño del mismo

Impulsaremos políticas para abordar el problema de la soledad no deseada a través de una Estrategia Nacional que coordine acciones

Y promoveremos la creación de una red de recursos residenciales a modo de viviendas normalizadas en entornos barriales, utilizando metodologías como housing first o housing led, o programas No Second Night Out

Impulso de una prestación por crianza, para luchar por la erradicación de la pobreza infantil. Se cobrará hasta los 18 años y unificará en una única ayuda el actual complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF.

Facilitaremos y agilizaremos las transferencias sociales de carácter monetario, estableciendo mecanismos que permitan su automatización y su rápida distribución a las personas beneficiarias

También se establecerán los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a una cuenta bancaria donde recibir las ayudas a las que tienen derecho.

Reconfiguraremos las prestaciones no contributivas, incluidas las de desempleo, con el fin de simplificar y garantizar la protección a todas las personas que lo necesiten.

Inclusión de este enfoque en las encuestas del INE a través de indicadores clave como el FIES, entre otros.

Desarrollo de un informe periódico anual que genere recomendaciones de mejora para todas las políticas públicas

vamos a conseguir que sea una verdadera garantía de ingreso para toda la ciudadanía. Para ello es necesario realizar mejoras como incluir a las personas jóvenes de entre 18 y 23 años como potenciales beneficiarios de la prestación y garantizar que las menores de 30 años puedan acceder al IMV con los mismos requisitos que se exigen al resto de población adulta.

La cobertura del IMV se debe ampliar a personas migrantes en situación irregular, con especial énfasis en aquellas familias migrantes con hijos a su cargo.

vamos a simplificar los requisitos exigidos para acceder a él, a reducir drásticamente la burocracia y a reforzar los recursos de la Seguridad Social a fin de agilizar tanto la tramitación de expedientes como la atención presencial y telefónica de los solicitantes,

Ayudas de emergencia social eficaces y ágiles, por cauce ajeno a la Ley de Subvenciones. La emergencia social exige respuestas rápidas y eficaces por parte de la Administración. Por ello, sacaremos estas ayudas del obsoleto marco de la Ley de Subvenciones

Impulsaremos una Ley de Garantía de la Igualdad de Acceso a los Servicios Sociales, que declare estos servicios públicos como esenciales, que convierta en derecho subjetivo el acceso a los mismos y que, además, simplifique los trámites administrativos vinculados a ese acceso.

Para ello, necesitamos un marco normativo que facilite la creación y desarrollo de Equipos Interdisciplinares de Desarrollo Comunitario,

garantizaremos la financiación y desplegaremos la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo, 2023-2030,

Es urgente alcanzar la media europea para reducir las escandalosas cifras de pobreza infantil de nuestro país, implementando de manera efectiva la Garantía Infantil Europea y su Plan de Acción

Impulsaremos la creación de una red nacional de albergues y comedores sociales, con unas condiciones suficientes de higiene y seguridad para los usuarios, para asistir a los más necesitados proporcionándoles un techo y sustento dignos.

REFORMAREMOS LA CONSTITUCIÓN PARA ELIMINAR EL TÉRMINO “DISMINUIDOS”.

RECUPERAREMOS LA COMISIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD en el Congreso de los Diputados.

Agilizaremos los procesos de valoración de la discapacidad y la dependencia mediante pasarelas de valoración.

DEFENDEREMOS LA EDUCACIÓN ESPECIAL, posibilitando la inclusión académica y social total de los niños con discapacidad. Los padres tendrán derecho a elegir entre distintos modelos de centros educativos para sus hijos

FOMENTAREMOS LOS SISTEMAS DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE, entre ellos, la figura del asistente personal de personas con discapacidad

impulsaremos la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, permitiendo, en los porcentajes que se determinen, la compatibilidad de las pensiones de discapacidad con el empleo.

PROMOVEREMOS LA CREACIÓN DE MÁS RECURSOS ASISTENCIALES PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN VIVIR CON LOS APOYOS PERSONALES QUE PRECISEN, en consonancia con la Estrategia Europea de Cuidados.

FACILITAREMOS EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, estableciendo medidas que favorezcan la permanencia en su entorno de convivencia después de los 65 años.

UNIVERSALIZAREMOS LA ATENCIÓN TEMPRANA de la discapacidad para que todos los niños menores de 6 años que lo necesiten tengan acceso a un diagnóstico precoz y a un tratamiento a la mayor celeridad posible.

DESARROLLAREMOS LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2022-2030 impulsando, entre otras, convocatorias para personas con discapacidad intelectual en aquellos puestos que sean adecuados a sus capacidades, subvenciones por las adaptaciones del puesto de trabajo, así como el empleo con apoyo.

PROPONEMOS UNA PROFUNDA MODIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEPENDIENTES DEL IMSERSO, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Tercer Sector.

Modificaremos la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de facilitar que todas las personas con discapacidad o mayores puedan hacer las obras de accesibilidad necesarias para que puedan seguir viviendo en sus domicilios y en su comunidad.

IMPULSAREMOS POLÍTICAS DE FORMACIÓN DE CALIDAD E INCLUSIVA PARA PROMOVER EL ACCESO A UN EMPLEO DIGNO A LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD.

PROPONDREMOS UNA LEGISLACIÓN NACIONAL AMBICIOSA Y REALISTA que garantice el reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad entre los Estados miembro de la UE.

ACTUALIZAREMOS LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. Elaboraremos una Estrategia Nacional de Prevención de la Ceguera.

Implantaremos la tecnología adaptada a la comunicación y accesibilidad de personas con discapacidad auditiva, con especial atención al bucle magnético.

Avanzaremos hacia una educación inclusiva en la que los centros ordinarios cuenten con recursos y medios para atender a los alumnos con necesidades especiales por razones de discapacidad, respetando siempre la decisión familiar cuando consideren que es mejor la opción de un centro de educación especial.

Creación de programas específicos de formación profesional para dar respuesta a personas con necesidades educativas especiales o con dificultades de inserción laboral por cualquier razón.

Aumentaremos los recursos para luchar contra la violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad.

Desarrollaremos acciones y habilitaremos recursos específicos para las mujeres con discapacidad en cuanto a la salud sexual y reproductiva

Garantizar el derecho a la atención temprana en la infancia figurará entre nuestras prioridades.

Culminar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, para reforzar la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España y acabar con la terminología que no respeta la dignidad de las personas con discapacidad.

Aprobaremos, en colaboración con las CCAA, un marco común de Atención Temprana como servicio preventivo de posibles trastornos de desarrollo en niños y niñas entre 0 y 6 años, reconociendo por ley del derecho subjetivo a la Atención Temprana para todos los niños y las niñas y sus familias

Crearemos el Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, y fomentaremos la edición de información y materiales en formato de fácil lectura

Reformaremos, actualizaremos y mejoraremos la normativa que regula el empleo de las personas con discapacidad, en base a las propuestas realizadas por el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad.

Llevaremos a cabo un nuevo marco legal de inclusión laboral de personas con discapacidad basado en la activación, los apoyos, la acción positiva para las discapacidades más excluidas y con más dificultades de inserción laboral

Inversión en proyectos de investigación a través, entre otras herramientas, de un nuevo Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva.

Reforzar y formar a profesionales de los servicios sociales municipales para realizar la valoración y diagnóstico del tipo de apoyos o, así como para la asistencia a personas adultas en el ejercicio de su capacidad jurídica, dando cumplimiento a la Ley 8/2021.

Aumentar de los recursos para luchar contra la violencia que sufren mujeres y niñas con discapacidad.

Diseñar nuevos modelos residenciales accesibles y adaptados a las necesidades de personas mayores y dependientes con discapacidad.

Aprobar una Estrategia Nacional de Desarrollo Rural Inclusivo 2019-2022, que promueva, coordine y encauce los distintos programas y acciones dirigidas a las personas con discapacidad que residen en el entorno rural en España.

Impulsaremos la integración de las Federaciones de deportes practicados por personas con discapacidad en las federaciones deportivas

Culminaremos la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término “disminuidos” y reforzar la protección constitucional de los derechos de las personas con discapacidad.

Garantizaremos la existencia de unidades de discapacidad en todos los ministerios para velar por la integración de las personas con discapacidad en la Administración y su acompañamiento a lo largo de toda la vida profesional. Y elevaremos al 10% el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad en el ámbito del empleo público

Nuestro compromiso es retomar de inmediato el proceso de reforma del artículo 49 de la Constitución española, ya iniciado por el Gobierno de España y por el Congreso de los Diputados

Trabajaremos por el reconocimiento de la lengua de signos española y de las lenguas de signos gallega, vasca y catalana (con sus variantes dialécticas) como lenguas a impulsar y a proteger por parte de las instituciones públicas.

Vamos a acabar con la institucionalización forzosa de las personas con discapacidad a través de una estrategia estatal de inclusión en la comunidad

Se generalizará la prestación de asistencia personal, estableciéndola como la opción preferente dentro del sistema.

Exigiremos el cumplimiento efectivo y urgente de ese mandato legal. Para ello, contaremos con los fondos de las denominadas «cuentas durmientes» para financiar las actuaciones en materia de accesibilidad

Se reformará la Ley de Propiedad Horizontal para que los costes de obras y actuaciones de accesibilidad en elementos comunes de comunidades de propietarios donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años sean asumidos por las propias comunidades de vecinos, habilitando ayudas públicas suficientes para que el esfuerzo económico sea viable.

Desarrollaremos acciones para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, erradicar las violencias que sufren y corregir la brecha que sufren en su acceso al empleo.

Se elaborará una regulación normativa del empleo con apoyo que incremente las partidas presupuestarias dedicadas a su despliegue

Se impulsará una fiscalidad favorable a las personas con discapacidad y sus familias, con el fin de promover la inclusión social y compensar el sobrecoste que supone la vida activa en la comunidad para las personas con discapacidad.

Se adoptarán las medidas necesarias para eliminar los obstáculos que actualmente enfrentan las personas con discapacidad.

Se avanzará en la implementación de estrategias nacionales y programas formativos para agentes sociales culturales, deportivos, educativos y culturales, con la participación preferente de profesionales en primera persona

Incorporación de oficinas o unidades de atención a la discapacidad y a las distintas diversidades en los estatutos de todas las universidades.

ampliaremos el servicio de AT para niños mayores de seis años para aquellos casos en los que el facultativo, especialista o pediatra lo estimen oportuno; garantizaremos una accesibilidad en condiciones de proximidad para los menores españoles que residen en el medio rural; y medidas fiscales para bonificar a las familias que tengan un miembro beneficiario de los servicios de AT.

Incluiremos en los preceptivos informes de impacto de familia un nuevo epígrafe de impacto en las personas con discapacidad. Dicho informe, con el nuevo añadido, será de carácter obligatorio y exigible para cumplir con la calidad normativa.

Impulsaremos, junto con los ayuntamientos, la supresión de las barreras arquitectónicas para garantizar la plena movilidad de los españoles con discapacidad; así como fomentaremos las actividades deportivas para personas con discapacidad.

Introduciremos la deducibilidad del trabajo doméstico de las enfermeras educadoras para la autonomía y la comunicación.

Impulsaremos la terapia ocupacional con el objetivo de garantizar la inclusión social y económica de las personas con discapacidad.