Energía y medio ambiente

IMPULSAREMOS LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR 2030, mejorando la coordinación de la legislación estatal y autonómica en esta materia

IMPULSAREMOS EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA DEL CARBONO, poniendo en valor su contribución a la lucha contra el cambio climático

Avanzaremos en la fiscalidad verde, contribuyendo al compromiso de nuestro país con la emergencia climática y con el futuro de nuestros jóvenes. Una fiscalidad verde bajo la premisa de “quien contamina paga”

Acompañaremos a nuestro tejido productivo en la fijación de criterios de diseño ecológico y etiquetado, dirigidos a potenciar la durabilidad, reutilizabilidad y reparabilidad de los productos en base a la economía circular.

Complementaremos la implementación de la Estrategia de Transición Justa, abordando estrategias de gobernanza y anticipación en otros sectores económicos y productivos implicados en la descarbonización y transición ecológica.

Llevaremos a cabo un plan específico de descarbonización del transporte marítimo.

Elaboraremos un plan estratégico para la sostenibilidad del transporte aéreo en España, partiendo del análisis de sus principales impactos ambientales

Culminaremos el desarrollo de la Ley de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como del nuevo reglamento de residuos y envases

Reconoceremos el derecho a un medio ambiente saludable y a la seguridad climática

Reforzaremos la legislación en materia de acceso a la información, participación y justicia ambiental.

nos comprometemos a revisar periódicamente, siempre al alza, los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

Introduciremos las recomendaciones de la asamblea ciudadana para el clima en la acción de Gobierno.

Activaremos los Planes de protección de la costa frente al cambio climático en coordinación con las comunidades locales y apoyándonos en el mejor conocimiento científico.

Colaboraremos con las CCAA en el impulso de la Educación ambiental y para la sostenibilidad (EAS) a través de la formación inicial y permanente del profesorado

Crearemos premios nacionales de Educación ambiental y para la sostenibilidad (EAS), fomentando la participación del alumnado y el profesorado en proyectos medioambientales

Promoveremos nuevos proyectos de colaboración público-privada en ámbitos como la extinción de incendios o el uso eficiente del agua, para reforzar la investigación aplicada a mitigar los efectos del cambio climático

Crearemos un nuevo programa de investigación e innovación en cambio climático, sequía y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Abordaremos la transición ecológica de los principales museos y centros culturales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, y fomentaremos ayudas para que otros agentes y centros culturales aborden esta transición.

Seguiremos avanzando en la agilización de las ayudas para paliar los daños causados por catástrofes naturales, como incendios o inundaciones.

Continuaremos incrementando los recursos dedicados a paliar las catástrofes naturales.

Promoveremos la firma de un Pacto de Estado por la Garantía de los Derechos Medioambientales que incluya medidas transversales a corto, medio y largo plazo

aumentaremos las ayudas públicas para las personas afectadas por emergencias y catástrofes.

mediante la creación del Bosque de la Justicia: implantación de zonas verdes en las nuevas construcciones de sedes judiciales que compensen las emisiones de CO2 y contribuyan a la sostenibilidad.

Modernización de nuestra imposición ambiental, para impulsar la obligatoria y urgente transición energética y la descarbonización de la economía, apostar por la sostenibilidad ambiental y obtener recursos adicionales.

Es necesario proteger a las personas trabajadoras ante las situaciones, cada vez más frecuentes, de altas temperaturas, a través, entre otras medidas, del establecimiento de protocolos y planes de actuación que tengan en cuenta las diferentes variables que conforman una situación de riesgo.

Impulsaremos, de acuerdo con las comunidades autónomas, la introducción de una tasa que desincentive el uso de envases de plástico en toda la cadena de valor. La recaudación obtenida se dedicará a objetivos estratégicos y prioritarios de la economía circular.

Ampliación de la estrategia nacional de transición justa con medidas específicas en nuevos sectores (automoción, agricultura, gas, petróleo, aeronáutica y turismo) además de definir planes territoriales de transición justa

Plan de garantía de transición ecológica justa, liderado por el Instituto de Transición Justa que asegure procesos de capacitación y reconversión laboral, en el marco del diálogo social y la concertación

Se obligará a tener educadores ambientales en municipios de más de diez mil habitantes.

Se designará un organismo independiente de ámbito estatal, bien existente o de nueva creación, para el control del lavado verde de las grandes empresas con las siguientes competencias:

Mantenimiento de una Vicepresidencia del Gobierno de Transición Ecológica para coordinar, con la necesaria autoridad ante el resto de los ministerios, y realizar una verdadera política transversal de lucha contra la emergencia climática.

Creación de una agencia especial para la TEJ y de un observatorio del avance de la TEJ que incluyan mecanismos de evaluación de políticas públicas y herramientas de devolución a la ciudadanía (2024).

Modificar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aumentar su ambición marcándose estos objetivos: ● 55% de reducción de emisiones en 2030.

Plan de choque de inversión para adaptar espacios públicos, con especial atención en escuelas y residencias, a las olas de calor.

Poner nombres a las olas de calor para concienciar a la ciudadanía

Adaptar la certificación energética para que considere las temperaturas futuras, el confort pasivo y el efecto isla de calor.

Prohibición de la publicidad y los patrocinios de combustibles fósiles

Reformaremos la Ley de Costas ampliando la zona de servidumbre de protección y, en aquellas comunidades autónomas en las que no se haya transferido la competencia de gestión de costas, reorientaremos las políticas urbanísticas no autorizando nuevas construcciones en zonas de riesgo por inundaciones o por aumento del nivel del mar.

Efectuaremos un plan de inversiones contra la regresión de las costas y llevaremos a cabo la revisión de todos los impactos de las infraestructuras en la pérdida de playas.

Se elaborará el Mapa Nacional de Vulnerabilidad Climática como herramienta de diagnóstico de riesgos imprescindible para avanzar en la adaptación al cambio climático.

impulsaremos un programa de capacitación climática tanto en la Unidad Militar de Emergencia como en los servicios de protección civil

Reformaremos la Ley de Costas para ampliar de 20 metros a 100 metros la zona de servidumbre de protección, y reorientaremos las políticas urbanísticas no autorizando nuevas construcciones en zonas de riesgo por inundaciones o por aumento del nivel del mar.

Se elaborará el Mapa Nacional de Vulnerabilidad Climática como herramienta de diagnóstico de riesgos imprescindibles para avanzar en la adaptación al cambio climático.

Generación de residuos cuyo único destino puede ser la eliminación en un máximo de 100 Kg por persona y año en 2028.

Cierre progresivo de incineradoras con el 2030 como fecha máxima.

Programa nacional de compostaje: separación completa de la fracción orgánica de los residuos antes de 2027 mediante recogida puerta a puerta —portal a portal—, compostaje comunitario o con implantación efectiva del quinto contenedor en todas las ciudades de España

Alcanzar un mínimo del 10% de reutilización de residuos eléctricos, electrónicos, textiles y de mobiliario.

Adelantar la implantación de sistema de devolución, depósito y retorno al año 2025.

Alcanzar para el año 2030 un 15% de reutilización en los envases usados en canales de consumo diferente del canal HORECA.

Los actuales catálogos de clasificación de residuos, dictaminados por las comunidades autónomas, suponen una barrera normativa de primer orden para la implementación real de la economía circular en España. Es necesaria su revisión desde esta óptica

Prohibiremos la fabricación y venta de productos cotidianos de alto impacto contaminante (toallitas, bastoncillo de orejas…) en un plazo razonable.

Desarrollar una ley de despilfarro alimentario con objetivos ambiciosos y con incidencia en todos los pasos de la cadena de producción alimentaria.

Reforzaremos el carácter legal de los planes de calidad del aire y los planes de acción de reducción de la contaminación adoptados por las comunidades autónomas y municipios.

Se actualizarán los mapas de ruido y contaminación lumínica fijando los niveles recomendables en función de la diversidad de usos en cada zona

se propone la creación de una red compuesta por representantes de consejos municipales de Medio Ambiente, de colectivos ambientalistas y de transformación urbana, cuyo primer objetivo sea impulsar un marco legal que propicie la disminución de los efectos del cambio climático en nuestros barrios y ciudades.

Proponemos convertir el «confort climático» en un derecho social básico, que la administración debe estar obligada a garantizar a través de transferencias, refugios climáticos cercanos, sombras y zonas verdes.

Es urgente impulsar, regular y exigir la climatización sostenible de recintos que concentran a población en situaciones de vulnerabilidad, como centros educativos o residencias de mayores u hospitales,

pondremos en marcha programas de preparación, protección y educación de la población en riesgo, que permitan identificar a los grupos en situaciones de vulnerabilidad de cada comunidad y desarrollar sistemas de alerta temprana, planificación y coordinación ante las emergencias climáticas.

Se establecerá un plan de choque para mitigar el impacto de las altas temperaturas en los centros educativos y en otros espacios en los que se desarrolle habitualmente la vida de los niños y las niñas.

Apoyaremos la adopción de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles

Promoveremos la creación de un mecanismo SURE climático, una herramienta financiera que asegure que la transición ecológica no produzca un impacto negativo en el empleo

Fortaleceremos la agenda legislativa del Objetivo 55 (Fit for 55) para convertir el impulso de las energías renovables y la descarbonización de sectores clave como la industria y la vivienda en ejes prioritarios de la acción europea

hay que poner en marcha un plan para rehabilitar los centros educativos, instalar toldos y sombras y renaturalizar los patios con vegetación, sombra y agua para bajar las temperaturas y convertirlos, además, en refugios climáticos abiertos a los vecinos y vecinas.

Incorporaremos protocolos de acción sostenible en las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte que abordarán aspectos energéticos y medioambientales

Resulta fundamental la apuesta por un plan de reducción de desechos digitales que tenga en cuenta el ciclo de vida completo de los dispositivos electrónicos, desde que se fabrican hasta que los elimina la Administración pública.

Derogación de la Ley de cambio climático que impide que exploremos nuestros recursos, carga sobre los hombros de los españoles el peso de la transición ecológica en forma de “impuestos verdes”

es necesario que la normativa en defensa del medio sea de carácter nacional, elaborada sin injerencias de organismos externos.

Vamos a detener el cierre súbito de plantas industriales y energéticas provocado por las imposiciones de la nueva religión climática. España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía menos contaminante sin poner en peligro el empleo de los españoles

Suspensión de toda norma climática impuesta por las élites globalistas que afecte gravemente al interés y prosperidad de los españoles.

Abandonaremos todos los acuerdos lesivos para la soberanía energética de España y en detrimento del interés nacional, como el Acuerdo de París.

Derogación inmediata de la ley de cambio climático y transición energética a fin de poder explorar e investigar y explotar los recursos naturales y yacimientos minerales

Impulsaremos desde el Consejo de la Unión Europea la suspensión inmediata y revisión de todo el Pacto Verde Europeo, eliminando cuanto perjudica a nuestros productores y economía.

mejoraremos la dotación de acuerdo con la normativa europea para la compensación de los gastos de CO2 de la industria electrointensiva, con los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión.

introduciremos una “tasa por hito” que, con cargo al promotor del proyecto, financie el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes, evitando el colapso burocrático.

Crearemos un Bono Social Único (BSU), como un pago directo al consumidor, que sustituirá y mejorará los actuales bonos eléctrico y térmico y será compatible con cualquier tipo de contrato de electricidad y gas.

PROPONDREMOS, CON EL VISTO BUENO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, LA EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS CENTRALES NUCLEARES EXISTENTES en nuestro país, en el marco de la normativa europea.

IMPULSAREMOS LA ELECTRIFICACIÓN Y LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA y fomentaremos el almacenamiento de energía renovable mediante

EVITAREMOS LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES (Y ELIMINAREMOS LAS EXISTENTES) DE INTERVENCIÓN DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO.

Para ello, impulsaremos el Biogás, el Biometano, los eco combustibles y la biomasa, para una gestión más sostenible de nuestros residuos.

IMPULSAREMOS EL DESARROLLO DE LAS INTERCONEXIONES ENERGÉTICAS bajo criterios técnicos y económicos que aseguren un reparto proporcional del coste de las mismas en base a los beneficios a cada sistema eléctrico interconectado.

FOMENTAREMOS EL DESARROLLO DEL HIDRÓGENO VERDE COMO VECTOR ENERGÉTICO Y DE ALMACENAMIENTO.

IMPULSAREMOS UNA POLÍTICA ENERGÉTICA que garantice el suministro a precios asequibles para familias y empresas.

vamos a apoyar a los sectores intensivos en energía, para que puedan reducir el coste de la electricidad y el gas. Pondremos en marcha las convocatorias del PERTE de descarbonización industrial

Para ello estableceremos requisitos de eficiencia energética y suministro de fuentes renovables para los proyectos de inversión e instalación de centros de procesamiento de datos u otras tecnologías intensivas en energía en España.

Pondremos en marcha medidas que favorezcan la instalación de centros de datos de manera sostenible

Potenciaremos el uso de las energías renovables en el sector primario para lograr la eficiencia energética y abaratar la factura de la electricidad.

Aprobaremos una ley para identificar, junto a las comunidades autónomas y las entidades locales, las áreas idóneas para el desarrollo de renovables y facilitar el acceso de los beneficios a las comunidades locales, garantizando el respeto al medio ambiente.

Impulsaremos la innovación en el sector energético a través del fomento de las nuevas tecnologías necesarias para la descarbonización de la energía, como el almacenamiento energético, la gestión de la demanda, así como el hidrógeno renovable y otros gases renovables.

Fomentaremos, en el seno de la Unión Europea, las reformas del mercado eléctrico necesarias para poder trasladar el beneficio de las energías renovables a los consumidores y proporcionar la estabilidad necesaria para atraer a los inversores.

Consolidaremos el impulso de una energía social y participativa a través de las comunidades energéticas y facilitando el desarrollo del autoconsumo, con una especial apuesta por el autoconsumo colectivo.

Aprobaremos el 7º Plan General de Residuos Radioactivos. Este nuevo plan integrará las necesidades para la gestión de residuos radioactivos y las futuras

Continuaremos con el apoyo y acompañamiento a las personas y territorios vinculados a la transición energética para la diversificación y reactivación de sus economías locales desde un marco de sostenibilidad, innovación energética y creación de empleo.

Utilizaremos las herramientas desplegadas con los cierres de la térmica, pioneras en Europa, para diseñar y poner en marcha las herramientas de apoyo social y económico a los territorios implicados en otros procesos de cierre o reconversión.

Ejecutaremos el Plan de Eficiencia Energética, que aspira a reducir los consumos, reducir las emisiones vinculadas y a implementar la instalación de elementos generadores de energía sostenible. Esto nos permitirá mejorar en la consecución del objetivo de que la Dirección General de Carreteras sea neutra en carbono en el año 2030.

Haremos un plan de ayudas para el desarrollo de instalaciones de producción de combustibles sostenibles.

Impulsaremos las medidas que permitan alcanzar la neutralidad en emisiones de CO2 de las infraestructuras del transporte, mediante la construcción de plantas fotovoltaicas e infraestructuras de recarga eléctrica.

Impulsando la rehabilitación energética de los barrios para mejorar la habitabilidad y el confort de las viviendas y reducir el consumo energético de los hogares

Crearemos un nuevo programa de investigación e innovación en energías renovables en línea con el PERTE de Energías Renovables

Trabajaremos por lograr el despliegue de las energías renovables, apostando por una mayor soberanía energética europea, y por completar la reforma del mercado energético europeo.

Implementaremos un plan nacional de transición energética, para reducir drásticamente las emisiones de CO2, reducir la dependencia externa de los combustibles fósiles, democratizar el sistema de producción y distribución energética y abaratar los precios de la energía.

Rehabilitación de 500.000 viviendas al año, abordando el aislamiento térmico así como la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente eficientes

Ley de Tejados Solares, que facilite e impulse el desarrollo de la energía fotovoltaica en

Facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales.

Reforma del mercado eléctrico mayorista para sustituir el actual mecanismo marginalista y terminar así con los beneficios caídos del cielo, lo que permitirá el abaratamiento

Reforma de la Ley del Sector Eléctrico para separar la actividad de distribución de ener- gía eléctrica de las de generación y comercialización

En las subastas futuras que se realicen para fomentar la instalación de generación eléctrica renovable se reservará una cuota específica para instalaciones renovables promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad.

Se creará una empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas, propiedad del Estado, según vayan finalizando las concesiones

Se reformará el bono social eléctrico y térmico para que la solicitud y la renovación sean automática, hasta que sea sustituido por la tarifa social.

Se impedirá el corte de estos suministros a las familias y personas en situación de vulnerabilidad.

Una tarifa social que permita garantizar el suministro básico a todos los hogares, cuya tramitación no dependa de los operadores de la red. Además de la automatización del bono social y el bono térmico

Mecanismos específicos de financiación para la instalación de autoconsumos colectivos destinados a los hogares de rentas bajas, así como el impulso a las comunidades energéticas con participación pública y de hogares en situación de pobreza energética.

Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la Cañada Real, apostando por la devolución del suministro eléctrico hasta que, en virtud de las competencias autonómicas del Pacto Regional por la Cañada Real, haya una solución definitiva y pactada con los habitantes de la Cañada Real.

proponemos la creación de la oficina de transición energética justa (OTEJ). Un organismo dependiente del IDAE que en un inicio se establecerá, principalmente, en forma de sede electrónica, pero con el objetivo, a final de legislatura y en convenio con los Ayuntamientos, de contar con sedes presenciales en municipios de más de 50.000 habitantes

● 90% de energía renovable en la generación de electricidad en 2030. ● Emisiones netas nulas en 2040.

Estableceremos una hoja de ruta con objetivos concretos para el despliegue de combustibles renovables de cero emisiones, como el hidrógeno 100% renovable, para uso prioritario de la aviación y el transporte marítimo

puesta en marcha de un plan de sustitución de sistemas de calefacción dependientes de combustibles fósiles (incluyendo el gas natural), con la obligatoriedad de sustituir las calderas con más de 15 años, acompañado de ayudas para los hogares de menor renta.

Fijamos como objetivo la descarbonización de los sistemas de calefacción y agua caliente de 500.000 viviendas al año, adicional a los objetivos de rehabilitación.

se regulará el desarrollo de nuevas redes de gas en nuevos proyectos de urbanización.

Detención de las nuevas inversiones y subvenciones al gas natural y a otros combustibles fósiles.

Este sistema asegurará un consumo mínimo vital garantizado para los primeros 1.500 kWh/año (*), con un IVA superreducido del 4% y reducción de cargos regulados y peajes, convirtiéndose automáticamente en tarifa social a coste cero para consumidores vulnerables.

Creación de un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables en coordinación con las comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias de ordenación territorial, que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico.

Reforma del mercado eléctrico para abaratar la energía en la proximidad de las plantas de generación

Avanzar hacia la flexibilización de la instalación del autoconsumo, especialmente el colectivo, para lograr el objetivo de que el 10% de la energía eléctrica demandada en 2030 proceda de instalaciones de autoconsumo.

Este paquete de medidas incluirá la creación de la figura del consumidor asociado, la reducción de las tramitaciones y el permiso de conexión automática en relación a la potencia contratada, para que por debajo de 2,4 kWp de potencia tenga el mismo tratamiento que un electrodoméstico.

Impulso a las comunidades energéticas mediante la transposición ambiciosa de las directivas europeas para garantizar a estas un marco favorable como nuevos actores del sector energético y por un plan específico para el autoconsumo colectivo de carácter social.

La rehabilitación anual, como mínimo, del 5% de los edificios públicos.

Adecuaremos las oficinas y los locales comerciales de alquiler a los máximos criterios de eficiencia energética antes de salir al mercado, incluyendo un paquete de ayudas públicas basadas en criterios de renta

llevar a cabo una auditoría pública sobre los costes reales de cada una de las tecnologías con las que se genera electricidad en España. Así, retribuiremos a cada una en función de dichos costes con el objetivo de no pagar toda la energía al precio que pertenece a la más costosa.

Impedir definitivamente la integración vertical de actividades de generación, distribución y comercialización en empresas del mismo grupo.

Reforma del mercado marginalista con el objetivo, a medio plazo, de eliminarlo y sacar, a corto plazo del mercado las energías inframarginales no gestionables, como

Creación de un fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico (FNSSE): Recuperaremos la figura cuya tramitación se ha aparcado durante dos años, apostando por revisar tanto las exenciones como el tiempo de aplicación.

Recuperación de la titularidad pública de los aprovechamientos hidroeléctricos según vaya caducando su concesión que será gestionada directamente por organismos públicos.

Revisaremos la actual hoja de ruta del hidrógeno evitando procesos especulativos como el H2Med.

Sumar se compromete a mantener el calendario de cierre del parque nuclear español, aplicando una moratoria a cualquier nueva iniciativa nuclear

se propone sacar la energía nuclear del mercado marginalista por su efecto distorsionante, incrementar la tasa de residuos radiactivos y asegurar un proceso de transición justa de los trabajadores vinculados al sector.

Exigiremos el canon hidroeléctrico a las centrales hidroeléctricas sin exenciones.

Desarrollaremos herramientas de ordenación territorial para las grandes instalaciones de producción de energías renovables que sustituyan al mercado en la asignación de usos del suelo, protegiendo los suelos agrarios y los valores paisajísticos y medioambientales del territorio

Pondremos en marcha un plan de impulso a la creación de comunidades energéticas en los municipios rurales.

Reforzaremos el apoyo financiero y el asesoramiento a la población rural para la autoproducción de energía solar.

Adecuaremos el marco regulatorio de autoconsumo para facilitar la comercialización de los excedentes como fuente de ingresos complementarios.

Estableceremos un objetivo nacional de solidaridad urbana en eficiencia energética del parque de vivienda existente.

desarrollaremos un plan de choque contra la pobreza energética para garantizar los suministros energéticos básicos en hogares con especial vulnerabilidad.

reforzaremos los informes de afección medioambiental y de usos del suelo para que, previa instalación de los macroproyectos de energías renovables, valoren su impacto en nuestro patrimonio natural y su compatibilidad e impacto en las actividades humanas del entorno.

Impulsaremos un Plan Nacional de Soberanía Energética para asegurar que los recursos energéticos de que dispone España sean aprovechados para la generación energética y reducir la dependencia del exterior al máximo.

elaboraremos un plan de emergencia para hacer frente a cortes de energía o de suministros inesperados y prolongados.

Utilizaremos los emplazamientos de las centrales nucleares cerradas y los nodos de vertido de las centrales térmicas clausuradas en España para implantar en dichas localizaciones mini reactores nucleares (SMR).

Fomentaremos la inversión y actualización del parque de generación nuclear y promoveremos la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes.

Estimularemos la disponibilidad de un mix energético que incluya energía fotovoltaica, eólica, hidráulica y nuclear y las utilice de forma proporcionada para garantizar la soberanía energética.

Instalaremos bombeos hidráulicos en todos aquellos pantanos destinados a la generación hidroeléctrica en que sea posible, adoptando las medidas legislativas necesarias.

Garantizaremos las vías de recepción de gas procedente del norte de África, revirtiendo a tal efecto las recientes acciones en política exterior del Gobierno

Transparencia total sobre los precios de la energía, desglosándolos por tipo de producción, mediante una reforma completa del operador del mercado.

Exigiremos una modificación del mecanismo marginalista de fijación del precio de mercado de la electricidad, en el que la tecnología más cara fija el precio final.

No se impondrá ninguna obligación de eficiencia energética en los edificios de titularidad privada que no se cumplan en primer lugar por todos los inmuebles públicos.

preguntaremos a los españoles sobre el futuro modelo energético de nuestro país, en virtud del artículo 92 de la Constitución.

Se llevarán a cabo inversiones para modernizar regadíos, aprovechando todos los instrumentos disponibles.

DESARROLLAREMOS UN PACTO NACIONAL DEL AGUA, desde el diálogo y el consenso, con participación de todas las Comunidades Autónomas y los sectores afectados

La nueva Ley del Plan Hidrológico Nacional recogerá aquellos aspectos del Pacto que sea preciso para su adecuado desarrollo.

EN MATERIA DE INVERSIÓN IMPULSAREMOS UN PLAN DE ACCIÓN, tomando como base los estudios disponibles de la planificación hidrológica vigente, con el fin de aportar un incremento de la garantía de satisfacción de las demandas

AFRONTAREMOS LOS PROBLEMAS DE LAS INUNDACIONES y el desarrollo de las acciones contempladas en los Planes de Gestión de Riesgos, así como con la priorización de las acciones en materia de restauración de los cauces, especialmente los urbanos

IMPULSAREMOS UN PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADO, PRESAS Y CANALES, con el fin de adaptarlas a las necesidades del siglo XXI

definiremos una Red estratégica del agua, con el fin de avanzar en una mejor gestión integrada del recurso convencional y no convencional y de las infraestructuras. Para ello crearemos una Autoridad Nacional del Agua para el conjunto del territorio.

COLABORAREMOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN efectivo para un uso más eficiente del agua y fertilizantes en el regadío

Actualizaremos el Plan de depuración y saneamiento, para el cumplimiento de la Directiva Europea 91/271 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y acometeremos las inversiones en Estaciones Depuradoras de Aguas

COLABORAREMOS CON LAS ADMINISTRACIONES LOCALES EN EL DESARROLLO DE UN PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO para evitar pérdidas, controlar roturas y consumos

FOMENTAREMOS LA ECONOMÍA CIRCULAR DEL AGUA basada en reutilización, valorización energética y de residuos generados en su tratamiento.

FOMENTAREMOS LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DEL AGUA. Habilitaremos instrumentos de gobernanza que fomenten o promuevan nuevas soluciones tecnológicas y de gestión para mejorar la eficiencia del agua.

Seguiremos impulsando un regadío moderno y sostenible, mejorando la eficiencia en el uso del agua y la energía, así como el aprovechamiento de recursos hídricos no convencionales como las aguas desaladas o las aguas depuradas regeneradas.

Garantizaremos el acceso al agua para los consumidores vulnerables.

Activaremos los nuevos planes de sequía, que priorizan estrategias de reducción de la vulnerabilidad mediante el impulso de medidas preventivas y de adaptación.

Revisaremos los criterios de diseño de las infraestructuras hidráulicas, singularmente, de las presas, incorporando a los habituales estudios "costebeneficio” los de "adaptación al cambio climático-coste".

Reformaremos la Ley de Aguas, para blindar el derecho ciudadano de acceso al agua.

Nos hemos comprometido a duplicar en 2027 la capacidad de las desaladoras, dotándolas de fuentes de energía renovable para reforzar la garantía de abastecimiento, reducir sus emisiones y equilibrar el precio del agua desalada.

También nos comprometemos a duplicar la reutilización, mejorando los sistemas de saneamiento y depuración y su normativa reguladora.

Reformaremos el marco tarifario para la implantación de precios que integren de forma eficiente todas las fuentes que alimenten en los distintos territorios los sistemas de gestión

Impulsaremos la digitalización en la gestión del agua para mejorar la recopilación y análisis de la información, favoreciendo una mayor eficiencia en la explotación de las redes, lo que facilitará un control preventivo de las redes que permitirá reducir las pérdidas a porcentajes inferiores al 10%.

mediante la implantación de “ventanillas únicas” y de registros electrónicos de derechos de agua.

Continuaremos el esfuerzo inversor y la mejora de la cooperación institucional para un riguroso control de la contaminación difusa en las masas de agua

impulsando una estructura consolidada de I+D+i del agua, que pueda convertirse en un referente nacional e internacional

se establecerá una tarificación social que asegure el acceso a un consumo mínimo vital de agua y energía (gas y electricidad).

Se reformulará la planificación hidrológica y se revisarán los vigentes planes de gestión de sequías y planes de gestión de inundaciones, ajustándose a la nueva realidad del cambio climático

estas medidas incluirán la revisión de las concesiones de agua actuales para evitar su sobreexplotación, estableciendo criterios de eficiencia y evitando procesos especulativos.

Reconoceremos de manera expresa, y se incorporará a la normativa en el más alto nivel posible, el derecho al acceso universal a los servicios de abastecimiento y saneamiento como un derecho humano contemplado por las Naciones Unidas.

Garantizaremos que las personas económica y socialmente vulnerables puedan recibir

se prohíbe expresamente los cortes del suministro por impagos en situaciones de vulnerabilidad social o económica.

Estableceremos el carácter público de la gestión del ciclo integral del agua a través de una ley orgánica, evitando cualquier atisbo de privatización del recurso o su gestión.

Fomentaremos el consumo de agua del grifo y la reducción de la utilización de envases, especialmente de plástico, e impulsaremos el uso de fuentes públicas y puntos de información sobre la calidad del agua en las ciudades y los pueblos.

Promoveremos la revisión de las tarifas y precios públicos del agua para restablecer la recuperación de costes y el principio de proporcionalidad

Impulsaremos un plan nacional de preservación de aguas subterráneas que garantice las condiciones de recarga, impacto y riesgo en la calidad de las aguas en el contexto actual de emergencia climática.

inventario de pozos en España, analizando el estado del casi millón de pozos ilegales de España y procediendo a su clausura en el caso de que no cumplan las normativas para ser regularizados. También se instalarán caudalímetros para controlar los consumos en los pozos autorizados.

Moratoria a la construcción de grandes instalaciones demandantes de agua, como campos de golf o megaproyectos urbanísticos

promoveremos la revisión de la planificación sectorial vigente (plan DSEAR) y su reorientación para lograr la depuración del 100% de todas las aguas residuales en los planes hidrológicos 2021-2027

Revisión de obras hidráulicas obsoletas. Se revisarán las grandes obras hidráulicas de dudosa rentabilidad y causantes de graves impactos socioambientales que suponen un gran despilfarro de fondos públicos.

Promoveremos la desalinización del agua de mar y de caudales salobres, así ́ como la regeneración y la reutilización de retornos, en territorios costeros, usando energía solar y eólica

Reducción de la contaminación del agua provocada por el uso excesivo de fertilizantes sintéticos y excrementos y purines de la ganadería industrial

Se reformulará la planificación hidrológica y se revisarán los vigentes Planes de Sequía y Planes de Inundación, ajustándose a la nueva realidad del cambio climático y proponiendo las acciones necesarias de minimización de riesgos.

estos ajustes incluirán la revisión de las concesiones de agua actuales para evitar su sobreexplotación, estableciendo criterios de eficiencia y evitando procesos especulativos.

Combatiremos los pozos y los regadíos ilegales con un aumento de los recursos y personal de los Organismos de cuenca y una agilización de los procedimientos.

revisaremos el sistema de concesiones reduciendo su duración y flexibilizándolas para asignar los recursos con criterios de equidad y justicia social

Por eso es urgente realizar un Plan Nacional del Agua bajo los principios de solidaridad y bien común. Dicho plan impulsará la interconexión de todas las cuencas

Acabaremos con la destrucción de presas y embalses impulsada por motivos ideológicos en el territorio nacional. Facilitaremos la inversión en las infraestructuras hidráulicas necesarias para almacenar y llevar agua en abundancia a todos los rincones de España, y protegeremos las ya existentes.

VOX consultará o exigirá consultar a los españoles, en aplicación del del artículo 92 de la Constitución, si quieren un Plan Nacional del Agua

Revisaremos el cumplimiento de los tratados internacionales con Portugal para comprobar que no se vierte al mar más de lo necesario

Lanzaremos un estudio nacional para el diseño e instalación de nuevos pantanos que almacenen agua para consumo humano, uso agrícola y generación energética.

es necesaria una planificación adecuada y una gestión correcta para establecer mecanismos de reparto óptimos del agua y la adopción de medidas contra la sequía.

Aprobación de un Plan Nacional del Agua que garantice que sea un recurso accesible a todos los españoles en cada región de España con la interconexión de todas las cuencas,

que favorezcan la implantación y despliegue del 5G en las vías de alta capacidad, y la implantación de puntos de recarga a fin de favorecer la descarbonización de los tráficos rodados en el marco del Plan de Automoción España 2030.

ACTUALIZAREMOS LOS PLANES DIRECTORES DEL AEROPUERTO DE EL PRAT Y DE BARAJAS con especial atención al desarrollo de infraestructuras logísticas aledañas

SEGUIREMOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DE LOS CORREDORES FERROVIARIOS –Mediterráneo, Atlántico y Central– cuya importancia resulta estratégica en el desarrollo y la conectividad de nuestro país.

Avanzaremos en la creación e implantación de una Tarjeta de Movilidad Ciudadana que, de manera integrada con los sistemas de transporte de competencia autonómica y municipal, garantice el acceso a todos los medios de movilidad

DESPLEGAREMOS UN PLAN DE CHOQUE PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA MOVILIDAD DE CERCANÍAS EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS y apostaremos por el transporte a demanda desde pequeños municipios a los municipios de referencia

Retomaremos y aprobaremos la Ley de Movilidad Sostenible, en la que consolidaremos la movilidad como un derecho esencial de la ciudadanía.

Crearemos un fondo estatal de contribución a la movilidad sostenible, con fuentes estables de financiación, que plasme nuestra idea de que el Estado debe mejorar eficientemente el transporte público urbano y metropolitano:

Desarrollaremos un sistema nacional de movilidad sostenible con el que Estado, comunidades autónomas y entidades locales puedan reforzar sus políticas públicas.

Ampliaremos los descuentos al uso del transporte público con la gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes hasta los 24 años

A través de la ley de movilidad sostenible, diseñaremos un sistema para establecer la contribución de la Administración General del Estado a la financiación del transporte urbano y metropolitano de manera homogénea, transparente y equitativa.

Crearemos sistemas integrados de transporte y movilidad que tengan al transporte público como columna vertebral

Ampliaremos los servicios ferroviarios de proximidad a partir de la experiencia de las iniciativas piloto desplegadas en este año 2023.

Nos comprometemos a mejorar la inversión en la red convencional y a aumentar las inversiones para la mejora en la infraestructura y los servicios de cercanías.

Estudiaremos la recuperación de los trenes nocturnos internacionales, siguiendo los pasos de otros países europeos, en colaboración con Portugal.

Ampliaremos las redes de Cercanías, llegando a más ámbitos, con nuevas líneas y estaciones accesibles y con una renovación integral de las instalaciones y del parque móvil ferroviario.

Aumentaremos el número de trenes que prestarán los servicios ferroviarios declarados como obligaciones de servicio público y, de manera especial, en Cercanías y Rodalies, de manera que se reduzcan las incidencias por fallos en el material rodante.

Seguiremos desarrollando la red de Alta Velocidad para que llegue a Asturias en este mismo año y a Almería en el 2026.

Seguiremos trabajando en la conexión de Extremadura y en los diferentes corredores que conectan Navarra, La Rioja o Cantabria, así como en la Y vasca.

Seguiremos con el proceso de apertura a diferentes operadores ferroviarios y lo extenderemos a todos los corredores para que todas las personas dispongan de más servicios y más baratos.

Ampliaremos el sistema de billetes intermodales que ya se ha implantado como experiencia piloto en el tramo Soria-Calatayud, para que todas las capitales de provincia y principales poblaciones puedan acceder de manera intermodal a la red de alta velocidad a un precio asequible y con un tiempo de viaje competitivo.

Continuaremos la ejecución de ambos corredores, Atlántico y Mediterráneo, bajo el objetivo marcado por la Unión Europea de completar la red básica en el año 2030, una fecha que, probablemente, adelantaremos.

Nuestro objetivo es que en el año 2030 el transporte de mercancías por ferrocarril represente el 10% del total de mercancías que se mueven en nuestro país.

Impulsaremos las actuaciones que permitan el establecimiento de autopistas ferroviarias, de manera que, mediante de la colaboración entre el transporte por carretera y el transporte ferroviario de mercancías, se puedan establecer soluciones logísticas eficientes y descarbonizadas.

Continuaremos con el estudio de la reapertura directa del tramo Madrid-Burgos, de vía convencional, para su aprovechamiento para el tráfico de mercancías, y la adecuación de la antigua Ruta de la Plata.

Aseguraremos la conectividad en toda la red, haciéndola apta para la circulación del vehículo autónomo y conectado.

Impulsaremos un plan de electrificación de la Red de Carreteras del Estado, que asegurará que cualquier vehículo eléctrico pueda circular sin limitaciones por nuestra red.

Estableceremos un plan estable de ayudas para facilitar la transición hacia los vehículos de cero emisiones de transporte, tanto camiones como autobuses, así como para reducir la edad del parque de vehículos profesional.

Continuaremos el Plan de Humanización de Travesías para seguir transformando las carreteras en calles y paseos para nuestros pueblos y ciudades

Realizaremos actuaciones de transformación en carriles BUS VAO, que primen el transporte público y el uso más eficiente de los vehículos a través de las principales vías de acceso.

Crearemos nuevos carriles bici o sendas peatonales paralelas a las carreteras, así como pasarelas y pasos seguros

Impulsaremos la creación de una línea de ayudas para adquisición de bicicleta eléctrica.

Implementaremos un Plan de carreteras 2+1, con un carril por cada sentido más otro carril adicional interior dedicado al adelantamiento.

Impulsaremos la movilidad activa e implantaremos progresivamente todas las actuaciones establecidas en la Estrategia Estatal de la Bicicleta

Impulsaremos la electrificación del transporte, con especial hincapié en el transporte público y colectivo.

Consolidaremos y aceleraremos el despliegue de infraestructura de recarga de alta potencia en nuestro país en los próximos 4 años.

Promocionaremos el establecimiento de sistemas de pago integrados en el ámbito del transporte, especialmente, en los sistemas de movilidad cotidiana, y contribuiremos a financiar su implantación.

Favoreceremos la extensión de las zonas de bajas emisiones.

Introduciremos medidas concretas de transición justa e incorporaremos el concepto de “pobreza en el transporte” y medidas para combatirla.

Consolidaremos el despliegue de las infraestructuras de recarga en nuestro país.

Situaremos España al nivel de la UE en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril.

Fomentaremos en colaboración con los ayuntamientos, la pacificación de los entornos escolares, ciudades seguras para la infancia y rutas escolares saludables, que prioricen la movilidad peatonal y ciclista en el viario del entorno escolar

Fomentaremos y apoyaremos la adquisición y el uso bicicletas eléctricas.

Reforzaremos las medidas para reducir la mortalidad en carretera, hasta alcanzar las cero víctimas mortales.

Protegeremos a los usuarios vulnerables de las vías de comunicación.

Diseñaremos ciudades sostenibles para las personas y no para los automóviles.

Transformaremos en una política de transporte permanente la reducción del precio de los abonos de transporte para desplazamientos recurrentes, al trabajo o a los centros de estudio y con la cofinanciación de las comunidades autónomas y la Administración local.

Ley de Financiación del Transporte Colectivo, Público o de Bajas Emisiones, para avanzar

con el objetivo de que en 2040 no circulen en España vehículos con motores de combustión interna.

desarrollaremos una estrategia nacional contra la pobreza en el transporte que diagnostique, prevenga y combata situaciones de vulnerabilidad derivadas de la dificultad de asumir el coste de las necesidades en transporte

Facilitaremos el acceso al vehículo eléctrico simplificando las ayudas a la compra e in- troduciendo criterios progresivos por renta y promoviendo una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales

Impulsaremos la electrificación del transporte de mercancías instalando cargadores ultrarrápidos en las principales rutas comerciales del país y diseñando ayudas específicas para la electrificación dirigidas a profesionales autónomos del sector del transporte.

Impulsaremos una racionalización del transporte aéreo, incrementando la oferta de transporte público ferroviario y por carretera y limitando los vuelos en distancias que pueden ser fácilmente sustituibles por tren.

Aplicar la gratuidad al transporte público de viajeros rurales de lunes a viernes para facilitar su acceso a centros hospitalarios, universitarios y administrativos

Se calificará la movilidad sostenible como un derecho ciudadano con el mayor rango legislativo posible, incluso se trabajará para constitucionalizarlo.

Impulsaremos una ley de movilidad sostenible con objetivos de descarbonización del transporte que sean ambiciosos

Impulsaremos una financiación estatal del transporte público que permita mejorar la oferta, multiplicando las frecuencias y la disponibilidad de servicios, especialmente en los desplazamientos no radiales y en el mundo rural.

En esta misma línea se garantizará la prórroga de las bonificaciones de los bonos de transporte para aquellos trayectos en los que hayan tenido un impacto positivo en el uso del servicio.

Garantizaremos la financiación de servicios de movilidad suficientes para que la dotación de servicios públicos en el conjunto del territorio esté disponible en un tiempo de viaje inferior a los 30 minutos

Promoveremos un proceso de diálogo y apoyo financiero a las comunidades autónomas, las áreas metropolitanas y los ayuntamientos para la implantación de un billete único para todos los modos de transporte,

Implantaremos modalidades de pago asociadas a la renta y a la disponibilidad de medios de transporte privados.

las empresas con más de quinientas personas en plantilla financiarán de forma finalista y justificada las infraestructuras, los equipamientos y el coste del desplazamiento al centro de trabajo de sus plantillas.

Aprobaremos una hoja de ruta con el objetivo de reducir la mortalidad y los accidentes, también en las áreas urbanas, con una normativa que proteja a los más vulnerables.

Reconvertiremos las infraestructuras innecesarias o redundantes. Con los recursos que se liberen se incrementarán las inversiones en movilidad de proximidad, en la red convencional ferroviaria, en los carriles bus y en las infraestructuras ciclistas.

Reduciremos drásticamente los cánones de circulación en líneas ferroviarias convencionales para el transporte de mercancías e impulsaremos la descarbonización de las flotas y la ampliación de la red de ferrocarril de mercancías para que en 2040 el 80% de los traslados de mercancías se realicen a través de este medio.

Redirigiremos las inversiones ferroviarias de alta velocidad a Cercanías, así como a las líneas de ferrocarril convencional, para, al menos, triplicar la inversión anual en esta red estatal en los próximos cuatro años,

Impulsaremos estrategias que promuevan el trasvase de usuarios del avión al ferrocarril, reduciendo las tarifas de los billetes de AVE y larga distancia para mejorar la conectividad territorial.

Impulsaremos la intermodalidad en todo el Estado, con el ferrocarril como eje vertebrador, promoviendo los trenes nocturnos y fomentando la conectividad transfronteriza de la red española con el resto de Europa.

Promoveremos la electrificación progresiva de las terminales portuarias y daremos competencias a las comunidades autónomas y a los municipios para que puedan regular el número de amarres de cruceros turísticos simultáneos.

Restringiremos las ampliaciones innecesarias e insostenibles de los puertos.

Dotaremos al fondo para la sostenibilidad del transporte público de una financiación inicial de, al menos, el 0,25% del PIB.

Protegeremos al sector del taxi como servicio público esencial estableciendo limitaciones a las VTC a fin de evitar la competencia desleal y garantizar las mejores condiciones de trabajo.

Concretaremos mecanismos de financiación del transporte público para garantizar la calidad y sostenimiento del sistema, a largo plazo y de forma estable, fijando una aportación mínima y máxima del Estado a la financiación del transporte público.

intentando alcanzar la cuota modal del 18% en 2030 respecto al total

como pueden ser la eliminación de los vuelos domésticos entre ciudades para los que exista una alternativa ferroviaria, adecuada en términos de conectividad y seguridad, y de menos de cuatro horas de duración.

Apostaremos por una estrategia estatal que impulse el uso de la bicicleta.

queremos incrementar el número de espacios, instalaciones y equipamientos deportivos al aire libre con horarios abiertos y gratuitos, tales como carriles bici, parques de salud, senderos deportivos, espacios de parkour y calistenia, rocódromos, pistas de skate y patinaje, entre otros, configurando «ciudades activas».

impulsando en Europa la suspensión inmediata de la prohibición del motor de combustión para 2035

Terminaremos con las medidas injustas que impiden a los españoles desplazarse en el medio de transporte que libremente elijan por no contar con los recursos económicos suficientes para adquirir un vehículo propulsado por las fuentes de energía que más interesan y que imponen las agendas globalistas.

Reforzaremos la red de ferrocarriles con especial énfasis a la alta velocidad para conectar todo el territorio nacional

Exigiremos el fin de la prohibición de fabricar coches de combustión a partir de 2035.

Además, se debe frenar la imposición de peajes en las autopistas.

Mejoraremos la red ferroviaria para conectar todas las regiones de España y facilitar las exportaciones al resto de Europa. Impulso de la Red de Cercanías para enlazar todas las provincias de forma eficaz.

IMPULSAREMOS CAMBIOS NORMATIVOS SOBRE LA GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE, en colaboración con las Comunidades Autónomas

Fomentaremos la agrupación de propietarios forestales e incentivaremos la ordenación de un monte multifuncional y con biodiversidad.

Aumentaremos el número de efectivos de la UME especializados en la intervención y control de incendios.

RESTABLECEREMOS LA SITUACIÓN DE PROTECCIÓN DEL LOBO, previa a 2021, para extraer las poblaciones al norte del Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), permitiendo el control de la población de dicha especie en esa zona.

Acometeremos las inversiones necesarias para cumplir con la normativa comunitaria en materia ambiental, como el Plan Vertido Cero del Mar Menor.

Coordinaremos acciones con los ayuntamientos de costa para garantizar el buen mantenimiento de las playas y hacer compatible el disfrute y la protección del mar.

Avanzaremos hacia una actividad cinegética más sostenible, en el marco de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética

Desarrollaremos estrategias para el control de la población de especies cinegéticas de interés asegurando la convivencia con las actividades del medio rural.

Desarrollaremos en un plan destinado a reducir el impacto de las infraestructuras en el medio natural y en la biodiversidad.

Aprobaremos las leyes básicas de bomberos forestales y de agentes forestales.

Seguiremos renovando la flota aérea de extinción de incendios forestales.

Protegeremos el 30% de los espacios terrestres y el 30% de los marinos para el año 2030.

Culminaremos la ejecución de los marcos prioritarios de actuaciones de Doñana, el Mar Menor, la recuperación de la Albufera de Valencia y el Delta del Ebro y aprobaremos un nuevo plan específico de actuaciones prioritarias para las Tablas de Daimiel.

Estableceremos corredores verdes entre ciudades y pueblos, así como en el entramado urbano.

Extenderemos el derecho a la protección del medio ambiente a elementos integrantes del patrimonio natural español que se encuentre bajo amenaza, para que cualquier persona pueda defender los intereses del ecosistema ante los tribunales, como ya hemos hecho con el Mar Menor.

Se priorizará el deslinde en las zonas protegidas para agua de consumo y espacios de la Red Natura 2000.

se realizará un inventario de infraestructuras obsoletas, como azudes, canales o escolleras que impidan la adecuada regeneración del ecosistema fluvial y de ribera, con el objetivo de proceder a su retirada ordenada.

Intensificar la coordinación con las Comunidades Autónomas en la prevención de incen- dios forestales, siguiendo las directrices y criterios comunes para la elaboración de los planes de prevención del Real Decreto Ley 15/2022.

Establecer un fondo presupuestario de apoyo a la prevención de incendios y a la gestión forestal para poder fortalecer el trabajo de todas las administraciones y actores

Finalizar la tramitación de la Ley Básica para el Estatuto de los Bomberos Forestales, cuya tramitación quedó interrumpida por la convocatoria electoral, armonizando sus funciones y categorías profesionales en todo el territorio nacional.

Pondremos en marcha medidas económicas y fiscales para sustituir progresivamente las plantaciones de pinos exóticos y eucaliptos con el fin de generar bosques con especies autóctonas

Exigiremos en las compras públicas de madera y productos forestales los sistemas de certificación forestal sostenible.

se impulsará un aumento de las reservas marinas en aguas exteriores, así como una protección de aquellos ecosistemas especialmente singulares, como la posidonia oceánica, entre otros.

proponemos un plan nacional urgente en el ámbito de la cuenca del Mar Menor, con la adecuada dotación presupuestaria para revertir su catástrofe ecológica y regenerarlo.

Elaboraremos un nuevo plan estratégico del patrimonio natural y la biodiversidad

El plan se marcará como horizonte ampliar la protección y recuperación de ecosistemas y de especies hasta alcanzar al menos el umbral de un 30% de la superficie terrestre y marina protegida para 2030.

8.1. Revisión del Catálogo Español de Especies Amenazadas con la inclusión del lobo ibérico o la tórtola europea y desarrollo de los planes de gestión con objetivos y recursos económicos efectivos.

8.2. Estrategia nacional contra las especies exóticas invasoras, derogando la Ley 7/2018.

Estímulo a la protección de los servicios ecosistémicos, mediante apoyo a los programas de custodia del territorio, los incentivos fiscales y los proyectos piloto de pago por la conservación de recursos hídricos, forestales o de biodiversidad.

Revisaremos las directrices de gestión de la Red Natura 2000, para asegurar que sus objetivos de conservación de especies y hábitats amenazados se cumplen.

Crearemos la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que incluirá el actual Organismo Autónomo de Parques Nacionales

Garantizaremos la conservación de las abejas, mariposas y otros insectos polinizadores

Revisar y reactivar el «plan estratégico español para la conservación y uso racional de los humedales», para revertir el estado de degradación de espacios de importancia internacional como Doñana, la Albufera, el Delta del Ebro, el Mar Menor o la Mancha Húmeda.

Aprobaremos una estrategia nacional de infraestructuras verdes, conectividad y restauración ecológica que fomente la integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Propondremos una nueva Ley de Protección del Subsuelo y los Recursos Geológicos que sustituya la de Minas de 1973, para impulsar una minería con los más altos estándares ambientales y que garantice la conservación de la biodiversidad.

Fomentaremos la creación de geoparques para la protección de áreas paisajísticas de excepcional valor geológico.

Desarrollo de planes estatales contra el maltrato a los animales. Dotación presupuestaria destinada a fuerzas y cuerpos de seguridad, ámbitos judiciales y sociales.

Inclusión de los animales de compañía de trabajo en la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales (7/2023) y aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley 7/2023.

Acabaremos paulatinamente con la cautividad de delfines y otros cetáceos, así como de los espectáculos en los que participan.

Ampliaremos los recursos, subvenciones, ayudas y convenios estatales a entidades de protección animal

Esto incluirá la provisión de plazas de veterinario municipal en los Ayuntamientos de más de cinco mil habitantes y en las mancomunidades de municipios más pequeños.

crearemos un plan de reequilibrio por la biodiversidad con base científica y de protección de especies silvestres y domésticas que tenga en cuenta controles éticos poblacionales.

Aborde la lucha contra los incendios forestales acompañando las políticas paliativas de reforzamiento de los medios de extinción con políticas preventivas dirigidas a limitar la acumulación de biomasa combustible.

El objetivo sería alcanzar en 2040 el 30% de cobertura arbórea en todos los asentamientos urbanos del territorio español.

Dejaremos sin acceso a cualquier tipo de ayuda y subvención pública a aquellas asociaciones y organizaciones ecologistas radicales que ataquen a nuestro sector primario, sus productos y el modo de vida tradicional.

Se procederá a la derogación de la ley para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, que será sustituida por una ley que realmente proteja el

es necesario anticiparse al período estival y realizar todas las tareas necesarias para prevenir su propagación y el aumento de los daños.

Entre las medidas que impulsaremos con el objetivo de prevenir incendios y facilitar su extinción se encuentran: facilitar el pastoreo de ganadería extensiva, realización de cortafuegos, limpieza de montes, desbroce y recogida de leña

trasladando los posibles proyectos a suelos infértiles o sin interés o valor paisajístico.

Paralizaremos la reforma de la Ley de Costas, que pone en riesgo el empleo de decenas de miles de trabajadores y sus familias.

Defensa de la caza como actividad esencial para el control de las poblaciones y para la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como por su valor medioambiental y económico.

Aprobación de un Plan Nacional del Lobo que garantice, mediante el diseño de mecanismos de control, la conservación de la especie y el necesario equilibrio entre el hombre y el lobo.

Exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial en todo el territorio nacional.

Se implantará una licencia única de caza en todo el territorio nacional. Las licencias previamente concedidas se convalidarán de manera automática en todas las comunidades autónomas.

Impulsaremos la defensa y conservación de la raza autóctona del Toro de Lidia para evitar su desaparición.