Sumar

se revisará el Impuesto sobre el Valor Añadido para aquellos productos de larga duración, así como para aquellos servicios de reparación, de segunda mano y de alquiler que fomenten la circularidad.

Impulso de una profunda reforma del sistema fiscal español, para mejorar su progresividad y cerrar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea.

Implementaremos un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, reforzando además su progresividad, hasta llegar a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados.

En el impuesto sobre sucesiones y donaciones se establecerá un mínimo en el conjunto de España que las comunidades autónomas no podrán rebajar.

Como medida inmediata se debe hacer efectivo el tipo del 15% sobre los beneficios de la empresa, en línea con lo establecido tanto por la OCDE en la denominada estrategia BEPS como en la Directiva 2022/2523 de la Comisión Europea, de tal forma que ninguna empresa tribute por debajo de este umbral

la reforma del impuesto debe limitar la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores; revisar y recortar las deducciones, exenciones y correcciones que aumentan la complejidad del impuesto

Mantendremos los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras mientras se aprueba e implementa completamente la reforma integral del impuesto de sociedades.

Eliminaremos los privilegios de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV, que disfrutan de gravamen del 1%) y de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI, que pagan el 0%).

ampliando el número de tramos a partir de 120.000€ y aplicando tipos marginales crecientes: del 45% marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52% para rentas a partir de 300.000€.

seguir acercando los tipos de las rentas del ahorro a los de las rentas del trabajo. Este aumento afectará a rentas del capital a partir de 120.000€ para llegar, al menos, hasta un tipo del 30%.

conviene evaluar y eliminar aquellas deducciones del IRPF sin justificación económica

Reforma de la normativa del IBI. Para que los municipios que así lo decidan puedan establecer escalas según el valor catastral del bien para hacerlo progresivo.

Para gravar también las operaciones más especulativas que actualmente no están sujetas a tributación, se incluirán no solo la compra de acciones, sino también los derivados financieros.

actuando de forma preferente en la implantación de un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados no saludables y la revisión de los impuestos actuales al alcohol y el tabaco.

se creará una base de datos fiscales única compartida entre Administraciones; se igualará el plazo de prescripción administrativa y penal a cinco años o diez años en los casos de delitos agravados, y se unificarán los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales y delitos agravados

se equiparará la plantilla de la AEAT a la media de los países europeos de nuestro entorno

Estas normas recogerán el derecho a que se compensen los ejercicios negativos sin límite de tiempo

Se pondrá fin a la discriminación en el pago de cuotas entre las empresas cubiertas por la Seguridad Social y las empresas cubiertas por entidades colaboradoras, asimismo se eliminará el RD 404/2010, del 31 de marzo, de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales.

Gravamen a los beneficios extraordinarios de la industria fósil, responsable directa del cambio climático.

Gravamen a los bienes y servicios de lujo que generan un gran volumen de emisiones y nulo rendimiento social, como vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates y vuelos frecuentes peninsulares o en clase business.

Exenciones y penalizaciones fiscales con criterios de progresividad que sirvan para consolidar los sectores motores de la transición ecológica justa

Impuesto general a las grandes empresas contaminantes, basado en las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y azufre (SOx) y que será cedido a las comunidades autónomas.

Sobreconsumo excesivo (más de 7.500 kWh/año), que incrementará el coeficiente de cargos y con el IVA al 21%.

Las actividades vinculadas a la economía circular, como las actividades de reparación y las tiendas de reutilización, pasarán al IVA reducido.

Reforma de las tasas que incentiven diseños duraderos y sostenibles en función de la durabilidad del producto en el marco del sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP).

Reconocimiento de las clínicas veterinarias como centros sanitarios y reducción del IVA de los servicios veterinarios al 10%.

estableceremos políticas fiscales que desincentiven y reduzcan el consumo de los alimentos no saludables (ultraprocesados, batidos, refrescos…) dirigidos especialmente a la infancia

Adoptaremos medidas en materia fiscal que incluyan condicionar los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades para las SOCIMIS, EDAVS, y las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios en función del valor social y la aportación al interés general de los proyectos que realicen.

Reduciremos también el IVA para proyectos de vivienda de alquiler social y asequible.

Limitaremos el uso de los jets privados y aplicaremos una tasa creciente sobre los viajes frecuentes en avión que entraría en vigor a partir del segundo vuelo anual.

Eliminaremos los privilegios fiscales del avión e implementaremos una tasa al combustible de la aviación para evitar el dumping económico de este medio en relación a los terrestres.

Se establecerá un impuesto específico a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.

Se elevará del 0,7% al 1% la asignación tributaria de interés social, tanto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el impuesto de sociedades para garantizar la sostenibilidad del tercer sector de acción social.

Promoveremos la creación de una agencia fiscal internacional y un tribunal de justicia económica para juzgar los crímenes financieros transnacionales, así como el establecimiento de un impuesto global sobre la riqueza y sobre las transacciones financieras.

Promoveremos un plan de choque para terminar con el fraude fiscal, que priorice la lu- cha contra los paraísos fiscales, reformando la lista negra de la Unión de paraísos internos y externos con criterios de inclusión más exigentes y transparentes.

a través de una ampliación sostenida y gradual de los criterios fijados en el G7 de Cornualles de 2021, que establecieron un mínimo global de tributación del 15% en el impuesto de sociedades.

figuras tributarias (como un nuevo impuesto global sobre la riqueza y sobre las transacciones financieras)

Implementación de una política de desgravación fiscal condicionada a la puesta en marcha de planes de inversión de descarbonización y autonomía energética.

Reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es necesario reformar la ley en vigor, diseñada para institucionalizar la austeridad en España.

Siempre que sea posible, se dedicará al menos un 25% de la compra pública a alimentos saludables y sostenibles procedentes de producción agroecológica, local y de temporada

Se incorporarán criterios mínimos vinculantes relativos a la compra de alimentos saludables y sostenibles en el Plan de Contratación Pública Ecológica 2018-2025

Proponemos derogar la Ley de Racionalización de la Administración Pública y, de esta forma, suprimir la prioridad que hoy se otorga al pago de la deuda pública.

Impulsaremos una superación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para fomentar y no penalizar las inversiones públicas y los gastos asociados a las mismas

incluyendo una regla de oro verde y social que permita excluir del cálculo del déficit las inversiones en transición ecológica e infraestructura social

Apoyaremos que la Unión Europea desarrolle una capacidad fiscal permanente, orientada a la provisión de bienes públicos europeos e inspirada en el ejemplo de los fondos Next Generation EU.

Se deben establecer presupuestos plurianuales de I+D+I que aseguren un aumento constante de la inversión pública, sobre todo en situaciones de crisis.

Esto debe garantizarse mediante un pacto entre el Estado y las autonomías, que eleve la irrisoria inversión en deporte desde el 0,06% actual hasta el 0,25% del PIB a medio plazo, acompañada de una política potente de patrocinio y mecenazgo.

introducir nuevos procedimientos que permitan a las pequeñas empresas acceder en mayor medida y en mejores condiciones a la licitación pública, por ejemplo incorporando cláusulas sociales que favorezcan a autónomos y pymes, o reduciendo la subcontratación a una parte residual de la licitación.

crear un fondo de capitalización público orientado precisamente a tal objetivo, así como impulsar los servicios de apoyo a startups y scaleups.

se reforzarán las ayudas, el soporte financiero y las condiciones normativas de la economía social, cooperativa y solidaria

es urgente eliminar el actual régimen de estimación objetiva y el régimen especial de IVA que este lleva asociado.

Se garantizará a las personas autónomas y a las empresas de pequeña dimensión un crédito mínimo para formación acreditable de las personas trabajadoras que empleen.

Simplificaremos los trámites administrativos y de gestión, acelerando la digitalización de la Administración

Actualizaremos la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema de medición de la representatividad basado en principios democráticos y la puesta en marcha del Consejo del Trabajo Autónomo.

Apoyaremos a las personas trabajadoras autónomas en situación de bajos ingresos con un régimen específico de cotización. Cuando los ingresos reales percibidos por la persona trabajadora autónoma sean inferiores al SMI anual por causas objetivas, tales como las condiciones del mercado o el inicio de actividad, se podrá acoger a una cotización fija bonificada sin pérdida de derechos de protección.

Se incrementará el presupuesto para financiar la implementación de las medidas acordadas con el sector en la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027.

Ofreceremos garantías a la iniciativa joven en la economía social mediante ayudas específicas a la constitución de empresas de economía social (cooperativas, sociedades laborales), así como para la adhesión a empresas de la economía social ya constituidas.

Se harán cumplir los porcentajes de reserva de la contratación pública para aquellas empresas de la economía social que acrediten su balance económico y su impacto social. Se incrementarán los porcentajes de reserva de la contratación pública para las empresas de la economía social que reinviertan la totalidad de sus beneficios en la propia entidad y en la mejora de su balance social.

Aprobaremos una ley marco básica estatal que regule los mínimos para las cooperativas y las sociedades laborales, estableciendo un número máximo de personas asalariadas, condiciones mínimas de trabajo, etcétera.

Facilitaremos que empresas en crisis puedan ser recuperadas por personas trabajadoras por medio de cooperativas de trabajo asociado, diseñando políticas públicas que lo faciliten.

Estableceremos programas de ayudas a entidades representativas de la economía social para la creación de plataformas empresariales que posibiliten la intercooperación

Impulso una política industrial para la transformación económica, aprovechando el contexto global de relocalización que se está produciendo a nivel mundial para impulsar la industria en nuestro país como vector de desarrollo económico.

Y se implementará la condicionalidad quid pro quo en las ayudas e inversiones públicas que se pongan en marcha, para exigir a las empresas perceptoras el desempeño de actuaciones social, fiscal y medioambientalmente responsables,

Transformaremos la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en una verdadera Agencia Industrial Pública.

Pondremos en marcha una estrategia integral para aumentar la productividad, con más recursos públicos y sobre todo privados, de I+D+i hasta alcanzar el 2,1% del PIB.

Creación del Consejo de la Productividad de España.

Se diseñarán estrategias públicas participadas para la relocalización de la producción y los servicios arraigados en nuestro territorio de manera que se garanticen y se optimicen las cadenas de suministro (producción de chips y microchips; baterías de coches eléctricos; producción sostenible de cereal).

Establecer criterios de compra pública para productos que tienen alternativa de produc- ción descarbonizada (por ejemplo, el acero).

Elaborar una hoja de ruta de demanda del hidrógeno específicamente para la industria española que ayude a planificar las inversiones de manera eficiente y realista.

Esto lo haremos aumentando en cinco mil millones de euros los recursos públicos que ahora se destinan en el PERTE, lo que movilizará una inversión privada de siete mil millones de euros adicionales.

Promoveremos la recuperación de la cadena de valor y producción completa de la industria fotovoltaica, la eólica terrestre y la marina en territorio nacional

promoveremos un consorcio público y privado para el desarrollo de una macroplanta de minerales críticos en nuestro país

Replicaremos modelos de desarrollo industrial exitosos, para ello fomentaremos la colaboración horizontal entre actores privados. En este plano, el Estado actuará como intermediario para el intercambio de información

Desarrollaremos una estrategia en línea con Europa en la que se impulsen sistemas de I+D+i e industriales para poder recuperar todos aquellos materiales identificados como estratégicos y escasos.

Creación de un Consejo Ciudadano de Ciencia que ayude a democratizar las decisiones del sistema de I+D+I.

Establecimiento de un plan de soberanía tecnológica en el marco de un Estado emprendedor en sectores estratégicos.

Para ello, se incrementará el número de convocatorias de colaboración público-privada, orientadas a MISIONES, gestionadas conjuntamente por la AEI y el CDTI

Un objetivo clave es la simplificación y reducción de la gestión burocrática, que se afrontará mediante medidas como la unificación de convocatorias, la fijación de calendarios y la reducción de los tiempos de resolución

Con el fin de situar a España entre los países europeos con mayor intensidad en I+D+I, se establece el objetivo de alcanzar una inversión en ciencia e innovación del 3% del PIB en 2027 (que correspondería a un 1,75% de inversión privada y un 1,25% de inversión pública) y del 4% en 2030

Se busca impulsar un modelo de economía digital cooperativo, social, solidario y feminista que garantice la democracia económica y la capacidad colectiva en el ámbito de la planificación desde el que se fomente el cooperativismo de plataforma y se apoye el desarrollo de tecnologías de plataforma de código abierto en colaboración con otras Administraciones.

La creación de redes de laboratorios público-comunitarios ligadas al sector privado también es una estrategia clave para impulsar la innovación y el desarrollo en diferentes ámbitos.

Finalmente, se impulsarán proyectos piloto de innovación ciudadana y social en los que la tecnología pueda ayudar a resolver problemas específicos del Estado en áreas como la gobernanza, la movilidad, la salud, la energía, la vivienda, el género, los residuos, la inclusión social, la gestión ética de datos y la educación.

Plan Nacional de Turismo Rural y Ecoturismo, en consonancia con las demandas del sector

Impulsaremos la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios.

Utilizar adecuadamente la información del Observatorio de los Márgenes de Beneficio de las empresas (OMB), para conocer con detalle cómo se distribuye la renta y los canales de trasmisión de los aumentos de costes a precios.

Establecer una cesta de la compra básica a precios asequibles, variada y de calidad, que permita el acceso de todas las familias a bienes esenciales y, a la vez, contribuya al objetivo de contención de la inflación.

se revisarán la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 y la de Ley de creación de la CNMC de 2013 para hacerlas más efectivas y con la firme voluntad de acabar con la impunidad de los abusos.

esto debe asegurarse también a través de la regulación y de nuevos sistemas selectivos de control de precios para evitar la propagación de espirales inflacionarias en mercados altamente concentrados

en ningún caso el término de potencia podrá representar más del 25% de la parte de la factura destinada a cubrir los costes regulados.

Aprobación de una estrategia para la reducción del impacto ecológico del consumo.

Se implantará un nuevo sistema tarifario para el consumidor doméstico que sea progresivo en relación con el consumo, incluyendo las características de la unidad familiar.

se reforzará y modernizará el Sistema Arbitral de Consumo, se fomentará el asociacionismo, renovando e impulsando el Consejo de Consumidores y Usuarios, y se mejorarán los mecanismos procesales a favor de las acciones de representación de las personas consumidoras.

Aprobación de un plan integral de formación en materia de consumo y protección de los consumidores.

Aprobación de una ley de servicios de atención a la clientela, para regular los elementos que componen el derecho y el servicio de atención a la clientela, especialmente en suministros y servicios esenciales como el agua, la energía, el transporte y las telecomunicaciones.

Por ello, es necesario regular el desarrollo de etiquetados inclusivos, como el etiquetado en braille.

Aprobación de una estrategia estatal contra el lavado verde (greenwashing) que identifique las prácticas abusivas, la publicidad engañosa y los falsos reclamos de las empresas en materia de sostenibilidad

Garantizaremos el derecho a reparar de las personas consumidoras por medio de una transposición rápida y efectiva de la normativa europea

Para hacer efectivo este derecho, pondremos en marcha una normativa dirigida a las empresas que asegure la transparencia y la trazabilidad de la elaboración de sus productos de forma comprensible y fácilmente accesible.

Impulsaremos un ambicioso marco legislativo que sancione el desarrollo industrial fraudulento a través del acortamiento de la vida útil de los productos

Implantar un índice de reparabilidad (según el modelo francés), dentro de las normas de ecoetiquetado que serán desarrolladas durante la legislatura, que sirva para calificar si un producto es más o menos reparable.

Garantizar por ley la disponibilidad y accesibilidad de piezas de recambio, licencias y manuales de reparación para las personas consumidoras, reparadoras independientes y grupos de reparación comunitaria.

Incremento de los plazos de garantía legal en bienes de consumo, particularmente en productos electrónicos, calzado y ropa

introduciremos beneficios fiscales o ayudas económicas a los alimentos saludables y sostenibles (frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales; provenientes de canales cortos, poco procesados, agroecológicos) que favorezcan un aumento de su consumo, especialmente entre la población vulnerable.

obligando a que las entidades de crédito publiquen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sus ofertas de crédito hipotecario junto a los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir saltar al que se ajuste mejor a sus características y posibilidades.

Crearemos el Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE), un ente público de inversión, en línea con modelos implantados en nuestro entorno similar, como el Kredintanstalt für Wiederaufbau (KfW) alemán.

se establecerá un mecanismo para vincular los intereses de los depósitos a los intereses de los préstamos.

es necesario limitar las comisiones bancarias, que han crecido también como consecuencia de la elevada concentración del sector y de la falta de competencia.

Para ello se creará una autoridad independiente de supervisión, adscrita al Banco de España, y se llevará a cabo la regulación profesional del cuerpo de inspectores y auditores informáticos de entidades de crédito

se garantizará el derecho de las personas usuarias que lo necesiten o lo deseen a realizar sus gestiones de forma personal en las oficinas bancarias

incluirá también entre sus funciones la prestación de servicios financieros minoristas de ahorro y depósito en todas sus oficinas.

Crearemos un banco público para que contrarreste el oligopolio bancario y se pueda rebajar el coste de las hipotecas. Crearlo a partir del ICO y de la red de oficinas de Correos.

Sustituiremos el Mecanismo Europeo de Estabilidad, situado fuera del ámbito del dere- cho de la Unión Europea, por una agencia europea de la deuda plenamente responsable ante el Parlamento Europeo

Fomentaremos la ampliación de los objetivos del Banco Central Europeo, incorporando a su mandato consideraciones relativas a la cohesión social, la sostenibilidad climática y la búsqueda del pleno empleo.

Hay que reforzar las medidas de ciberseguridad, especialmente, ante las prácticas fraudulentas en los servicios bancarios que, cuantitativamente, son las más graves.

Subiremos el salario mínimo interprofesional por encima del IPC anual para mantener la ganancia de poder adquisitivo de las personas que lo cobran.

En esta legislatura, debe abordarse el incremento real de los salarios en el marco del diálogo social y en la negociación colectiva, y seguir reforzando el poder de negociación individual y colectivo de las personas trabajadoras.

Garantizaremos la subida del SMI como palanca que haga incrementar el conjunto de los salarios y contribuya a reactivar la economía.

En los casos de jornada ordinaria marginal, la remuneración de la persona trabajadora será, al menos, un 10% superior a la que proporcionalmente le correspondería por tal jornada.

Reconoceremos las cooperativas o sociedades laborales dependientes (aquellas cuyos ingresos dependen de un cliente en al menos un determinado porcentaje). En estos casos, la empresa

Dignificaremos el trabajo profesionalizado de los cuidados, introduciendo mejoras sustanciales en las condiciones laborales de los cuidados remunerados, garantizando una buena formación, mejorando la calidad de los servicios y haciendo atractivo el empleo en el sector.

Plan de choque contra la precariedad en sectores extremadamente feminizados.

En 2024 se establecerá por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales.

Además, se debe controlar mejor las horas extras y compensarlas con tiempo libre, eliminar los horarios variables sin control, regular los horarios de los servicios públicos

Se procurará trasladar el mayor número de días no laborables a los lunes, tanto para facilitar un mejor disfrute del ocio como por razones de organización de la producción.

Debe permitirse, asimismo, una reducción de jornada con carácter discontinuo a lo largo de la semana, del mes o del año, así como la reducción de jornada para personas que convivan en el mismo domicilio, aunque no exista entre ellas relación de parentesco.

Debe aumentarse la autonomía de las personas trabajadoras en la gestión del tiempo de trabajo, lo que incluye el derecho a adaptar los horarios de trabajo y el derecho a formas híbridas de trabajo (presencial y a distancia).

la distribución irregular de la jornada se realice por periodos máximos de cuatro meses; el incremento del 100% del precio de la hora extraordinaria que no se haya pagado ni compensado con tiempos de descanso equivalentes;

la garantía del derecho de las personas trabajadoras a la desconexión digital, incluyendo la prohibición de la empresa de contactar con ellas fuera de la jornada laboral.

Otra medida a implementar es la ampliación de los permisos retribuidos, incluyendo un permiso retribuido para asistir a visitas médicas de hijos, hijas y familiares.

Establecimiento de una sola interrupción en las jornadas partidas, con una duración máxima de una hora, que podrá ser ampliada por convenio colectivo.

se propone que las personas que trabajan en turnos rotatorios no puedan trabajar más de cinco noches consecutivas, así como la introducción de un derecho de cambio de turno de trabajo para las personas mayores de cincuenta años

Aplicación, en las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras, de un plan de mejora de la organización del tiempo de trabajo y los usos del tiempo.

Reconoceremos un permiso anual para formación. Las personas trabajadoras, incluidas las personas socias trabajadoras y autónomas de actividad empresarial, tendrán derecho a un permiso anual para formación acreditable.

resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista.

Nos comprometemos a ratificar el convenio número 184 de la OIT sobre la seguridad y la salud en la agricultura.

Promoveremos la reorganización de plantillas para avanzar hacia la aplicación de la semana laboral de 32 horas en el sector público.

Estableceremos una prestación económica, condicionada al tipo de familia y a la renta, para fomentar que las personas trabajadoras con menores salarios y las familias monoparentales puedan optar a la reducción de jornada para el cuidado de niños y niñas o personas dependientes.

Además, ampliaremos hasta los 16 años el requisito de edad del hijo o hija menor que da derecho a solicitar la reducción.

Nos comprometemos a remunerar y ampliar el permiso parental, recientemente creado, a diez semanas hasta los 12 años, para equipararlo al que ya existe en otros países de la UE.

Se avanzará progresivamente en la ampliación del permiso por maternidad o paternidad hasta alcanzar los seis meses.

Además, se reformará la normativa para permitir que las seis semanas obligatorias del permiso por nacimiento y cuidado no sean forzosamente simultáneas para ambas personas progenitoras

Nos comprometemos a hacer efectivo el recién aprobado permiso de cinco días (al igual que el permiso de cuatro días por razones de fuerza mayor), cumpliendo con la directiva europea de conciliación que introdujo el permiso para cuidadores de cinco días, con el objetivo de ampliarlo, al menos, a siete días.

haciendo que la prestación por nacimiento para familias monoparentales llegue a 32 semanas, con la posibilidad de compartir parte de ese permiso con otras personas.

Se avanzará en el debate sobre la reducción de la jornada laboral al apostar por esta como vía para reorganizar los tiempos de trabajo y equilibrar las necesidades laborales, de ocio y de cuidados.

Reforzaremos el vínculo entre empresas y personal, para avanzar en la estabilidad y resiliencia del empleo, haciendo del contrato indefinido a tiempo completo la forma normal de empleo.

Estableceremos limitaciones estrictas al poder de dirección y control de la actividad laboral, específicamente cuando se desarrolle a distancia, y en especial mediante el uso de medios audiovisuales sobre las trabajadoras y los trabajadores

Implantación del CV ciego. No constarán imágenes personales, la edad ni el sexo de candidatos y las candidatas a un proceso de selección.

nadie pueda ser sancionado o despedido por el contenido recogido en sus redes sociales, que tampoco podrá ser tenido en cuenta dentro de un proceso de selección o contratación.

Se reconocerá el derecho a la intimidad en los controles por reconocimiento facial de las personas trabajadoras en teletrabajo, debiendo la empresa abstenerse del uso de dispositivos de reconocimiento facial

Implementaremos la auditoría algorítmica.

Revisaremos las causas para que solo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos, que deberán ser negociados

Ello implica el derecho del trabajador a la readmisión o a la indemnización por despido improcedente, incluyendo el cese durante el periodo de prueba. En ambos casos, se reconocerá el derecho a una indemnización adicional que compense efectivamente el daño causado en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa.

Las empresas que decidan el traslado de su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo no podrán adoptar medidas de despido colectivo, modificación sustancial de las condiciones de trabajo o inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenio;

Es preciso, también, avanzar en sistemas que permitan a la ITSS ser más eficaz en este ámbito y abordar la cuestión de las personas empleadas del hogar migrantes carentes de autorización

Garantizaremos la igualdad de las condiciones esenciales de trabajo de las personas trabajadoras externalizadas en relación con las personas trabajadoras de la empresa principal.

Reconoceremos a las personas autónomas dependientes de un cliente el derecho a las condiciones económicas y de jornada máxima previstas en el convenio colectivo aplicable a dicha empresa-cliente.

Aquellas cooperativas, y otras sociedades laborales, que acrediten el cumplimiento de los mínimos previstos en el convenio de aplicación al sector para sus socias y socios de trabajo tendrán derecho a una bonificación de la cuota por contingencias comunes.

Protegeremos a todas las personas trabajadoras de la violencia y el acoso laboral. Tras la entrada en vigor en España del Convenio sobre la violencia y el acoso de 2019 (núm. 190), que amplía los márgenes de lo que es el acoso en el mundo laboral, deben realizarse los ajustes que sean precisos para establecer una ordenación jurídica integrada

Garantizaremos una eficaz protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras en las empresas con una plantilla inferior a cincuenta personas.

Anticiparemos las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de accidentes de trabajo mortales y les prestaremos atención y ayuda psicológica.

Asumiremos el reto de combatir la informalidad laboral y ampliaremos la protección social de las personas en situación (o con mayor riesgo) de vulnerabilidad social.

Bonificación de las cuotas de la Seguridad Social de las mujeres contratadas.

Se creará empleo público en sectores comunicantes con los trabajos de reproducción social (cuidados infantiles, cuidados de personas adultas, ayuda a domicilio y atención a la dependencia, regeneración medioambiental, cuidado de parques y jardines, energías renovables, etcétera).

Garantizaremos la igualdad de derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar y los cuidados mediante la transposición completa del convenio 189 de la OIT

Reconocer la LGTBI+fobia como causa de riesgo psicosocial en el empleo.

Se reducirán al máximo las suplencias e interinidades, con necesaria y previa formación y la valoración a efectos de consolidación y acceso definitivo.

Cuidado de las personas dedicadas a la ciencia a través de un estatuto del personal de investigación.

Estableceremos como objetivo central de la política económica que la tasa de paro converja con la media europea y que existan suficientes empleos disponibles para las personas que deseen trabajar.

Mejoraremos las políticas activas de empleo, centrándolas en las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo, ya sea por razones de edad, cualificación, género, origen

incorporando al sector público un garante de última instancia de este compromiso de empleo.

Los servicios de empleo dispondrán de una unidad específica que promueva y facilite la gestión para que desarrollen, de manera real y efectiva, la formación para personas autónomas de actividad empresarial, personas socias trabajadoras y para el personal empleado.

Reconoceremos el derecho a que hasta treinta días de la prestación por desempleo no se considere consumida y sí como días cotizados a las personas fijas-discontinuas que durante sus periodos de inactividad realicen formación acreditable.

Reorganización de la prestación por desempleo y cese de actividad destinada a dar seguridad a las personas trabajadoras (incluidas las personas autónomas de actividad empresarial y las socias y

En relación con las personas trabajadoras fijas-discontinuas que, durante sus periodos de inactividad, realicen formación acreditable, tendrán derecho a que hasta treinta días de su prestación por desempleo no se considere consumida.

Reforzaremos la obligación de la empresa de informar a las personas trabajadoras y dar participación a la representación de las trabajadoras en todos los aspectos relacionados con el tiempo de trabajo (jornada, horario y regulación de las horas extraordinarias).

Reconoceremos el derecho a sustituir tiempo de trabajo efectivo en la empresa por tiempo dedicado al ejercicio de funciones de representación colectiva y sindical

Reforzaremos la participación sindical en el diseño, la regulación y la evaluación de los algoritmos en el ámbito laboral para prevenir y eliminar los sesgos discriminatorios

para ello, se creará la figura del delegado sindical territorial de seguridad.

reforzaremos la eficacia de los derechos de información, consulta y negociación colectiva; y ampliaremos la tasa de cobertura de la negociación colectiva.

La ampliación de la cobertura de los órganos de representación de las personas trabajadoras, mediante la modificación de la unidad electoral más allá del centro de trabajo, contribuye a la eficacia de los derechos legal o convencionalmente reconocidos

Reordenaremos las relaciones ley-convenio colectivo. Con el fin de favorecer la negociación colectiva (tanto en el ámbito empresarial como en el superior) y evitar vacíos de regulación, la ley fijará subsidiariamente, o con carácter suplementario en todo caso, las condiciones de trabajo de aquellas materias cuya concreción dependa o se remita a ella.

Extenderemos el derecho de libertad sindical a los miembros de la Guardia Civil.

Reconoceremos el derecho al uso colectivo y sindical de los medios informáticos de la empresa y de los canales de comunicación que aquella emplea con el personal a su servicio, sin más límites que los derivados de su uso razonable

Estableceremos, de forma clara, la obligatoriedad de los sistemas de solución autónoma de conflictos laborales individuales y colectivos, en línea con la jurisprudencia sentada en la sentencia del Tribunal Supremo 729/2020, del 30 de julio

Garantizaremos que el derecho a la negociación colectiva de las personas empleadas públicas sea completamente equiparable al de las relaciones de trabajo privadas.

estableciendo un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por alquileres, para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España.

La segunda es establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminar las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y establecer un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico.

Regularemos el parque de viviendas turísticas en las ciudades, estableceremos límites a las plazas hoteleras en función de la capacidad de carga ecológica y social de los territorios y desarrollaremos un paquete de tasas turísticas

Estableceremos limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada para que no se conviertan en una opción que sortee la aplicación de la Ley de Vivienda.

Aumentaremos la duración mínima de los contratos de arrendamiento de vivienda tendiendo a que sean indefinidos con causas de resolución excepcionales para proteger al propietario.

Impulsaremos recursos y métodos de inspección para la persecución de las prácticas de acoso inmobiliario, de discriminación en el acceso a la vivienda, así como cualquier otro incumplimiento de la normativa vigente en materia de vivienda.

Crearemos un registro obligatorio de fianzas del alquiler y aumentaremos las capacidades de inspección.

Modificaremos la Ley 12/2023 de Vivienda para incluir: el alquiler social obligatorio para grandes tenedores, la dación en pago, obligaciones de resultado para las Administraciones públicas en materia de vivienda alternativa frente a los desahucios, movilización de vivienda de la Sareb en coordinación con las comunidades autónomas, regulación efectiva de precios del alquiler y desarrollo de un régimen sancionador.

Habilitaremos al Estado Central o a las Administracione locales a instar a la comunidad autónoma que no lo haya hecho a declarar zona de mercado tensionado en los ámbitos geográficos que cumplan los requisitos que establece la Ley por Derecho a la Vivienda.

Adicionalmente, reformaremos el sistema de incentivos fiscales de la Ley de Vivienda, beneficiando fiscalmente solo a los propietarios que alquilen sus viviendas al precio igual o por debajo del índice de referencia, establecido en función del 30% de los ingresos de los hogares que alquilan.

La segunda es establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminando las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y estableciendo un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia.

haremos obligatoria la declaración de zona de mercado tensionado en las áreas geográficas en las que se cumplan objetivamente los requisitos que la Ley de Vivienda establece, aplicando así la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado sin depender de la voluntad política del Gobierno autonómico.

Crearemos un programa de protección para arrendatarios vulnerables que permitirá facilitar el acceso a alquileres sociales en el mercado libre, así como a la red pública de alojamientos y pisos tutelados a personas y colectivos con necesidades específicas

Desarrollaremos una carta de derechos de los inquilinos, dotaremos jurídicamente a las asociaciones y sindicatos de personas inquilinas de capacidad de representación en las negociaciones colectivas con los propietarios y de capacidad jurídica en los procesos legislativos, así como en los planes públicos de vivienda.

La rehabilitación de 500.000 viviendas 100% eléctricas al año, un 3% del parque inmobiliario de primera vivienda, con el compromiso público de ejecutar la rehabilitación de 250.000 viviendas adicionales al año que pertenezcan a familias vulnerables

Iniciativa pública de construcción de vivienda nueva y de compra y reforma de vivienda en desuso para alquiler.

Impulsaremos la creación de un programa estatal de rehabilitación y mejora de los barrios donde se concentra la población más vulnerable de nuestras áreas urbanas.

Proponemos la creación de un banco de recursos de suelo e inmuebles públicos en desuso y el fomento de los comunes urbanos.

Se garantizará el respeto de los derechos humanos en la Cañada Real Galiana de Madrid, restableciendo el suministro eléctrico y abriendo una mesa de seguimiento participada por sus habitantes para realizar contratos de suministro

Invertiremos sostenidamente, durante diez años, el 1% del PIB en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un verdadero parque de alquiler protegido, social, sostenible y asequible de más dos millones de viviendas protegidas en los siguientes diez años.

Declararemos servicios de interés general el conjunto de actividades vinculadas a la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales.

Prohibiremos de forma expresa la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de las Administraciones (específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y Defensa), salvo su transmisión gratuita a entidades públicas para su transformación en parque público o en proyectos público-privados de alquiler.

Realizaremos las modificaciones legales oportunas para que las Administraciones públicas dispongan de capacidad para ejercer derechos de tanteo y retracto. Impulsaremos programas públicos de compra de vivienda tanto en situaciones de emergencia (ejecuciones hipotecarias, como desahucios por impago del alquiler) como para fortalecer los parques públicos de vivienda.

Impulsaremos un registro de viviendas vacías en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Convertiremos la Sareb en una herramienta pública que tenga como objetivo garantizar el derecho a la vivienda.

Implementaremos la estrategia nacional para la erradicación del sinhogarismo, basado en el modelo «Housing First», garantizando el derecho subjetivo a la vivienda.

Estableceremos un marco normativo que favorezca la figura de las Asociaciones de Vivienda, que tiene éxito en Europa, como un modelo de gestión y provisión de vivienda asequible por organizaciones sin ánimo de lucro o ánimo de lucro limitado, especializadas en vivienda.

Reconoceremos el derecho subjetivo a la vivienda de forma progresiva incluyendo a diferentes colectivos, empezando por las personas en situación de sinhogarismo.

Constituiremos, en menos de diez años, un parque residencial de viviendas sociales y asequibles para alquiler de dos millones de inmuebles, con un gasto sostenido del 1% del PIB de media.

Crear un bono de emergencia para la compra de su vivienda habitual dirigido a los hogares hipotecados a tipo variable, que sufren la fuerte alza de los tipos de interés del BCE. La cuantía del bono será de 1.000€ por hogar y ayudará a sufragar una parte del aumento de la hipoteca.

Establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas.

Adicionalmente se estudiarán medidas «anti flipping» para transacciones corporativas.

Crearemos un bono de emergencia para los hogares hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual que sufren la fuerte alza de los tipos de interés decidida por el BCE. La cuantía del bono será de 1.000€ por hogar y ayudará a sufragar una parte del aumento de la hipoteca.

Estableceremos de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas.

A su vez, estableceremos la posibilidad de que los consumidores puedan acogerse a medidas de reestructuración y quitas de la deuda hipotecaria.

Creación de un fondo de recuperación urbana, ambiental y social de barrios que forme parte de una nueva ley de mejora urbana, ambiental y social de los barrios para la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas

Exigir que todos los edificios de nueva construcción, o los que soliciten licencia de obra en la actualidad, se realicen bajo los criterios consumo de energía casi nulo, nZEB

Actualizar el Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) con unos criterios exigentes y ambiciosos. Actualizaremos también el reglamento de baja tensión para simplificar la introducción del autoconsumo y del vehículo eléctrico.

Se apoyará a las administraciones locales para que puedan adquirir suelo urbano mediante sistemas de tanteo y retracto, pago de deudas fiscales y otras líneas de actuación en el marco de la normativa vigente.

Se impulsará la creación de una red estatal centrada en el urbanismo y en la vida cotidiana, compuesta por representantes de consejos municipales de género, urbanismo y sociedad civil.

Modificaremos la Ley del Suelo en coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales para apostar por el desarrollo de ciudades más compactas, garantizando en cada barrio o nodo urbano la presencia de espacios naturales y dotacionales junto a los servicios adecuados para el normal y completo desarrollo de la vida cotidiana.

Estableceremos un gravamen sobre los suelos disponibles para urbanización ociosos. Coordinaremos los patrimonios públicos de suelo (PPS) de las diferentes administraciones a través de un «banco de suelo» con la capacidad de comprar suelos adicionales a los PPS a través de una línea de crédito del ICO.

Desarrollaremos una normativa específica para que en suelo urbano consolidado se garantice una reserva del 30% para vivienda protegida.

Este compromiso se mantendrá de forma absoluta

se subirán por encima del IPC las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, hasta que su cuantía alcance, al menos, el umbral de la pobreza.

El texto constitucional explicitará que el sistema de la Seguridad Social es una función del Estado de la que está excluida toda operación de lucro privado

Aseguraremos que la suficiencia de las prestaciones, inseparable de la revalorización de las prestaciones, se siga haciendo mediante ley, de acuerdo, como mínimo, con la subida del IPC para asegurar su poder adquisitivo.

Protección de la familia en situaciones de viudedad, orfandad, etcétera se lleve a cabo exclusivamente en consideración a los lazos reales de convivencia y afecto que puedan ser acreditados por cualquier medio de prueba válido en derecho y no solo a través de actos registrados oficialmente.

Asimismo, mejoraremos las fuentes de financiación del sistema para evitar que el equilibrio financiero se busque a través del recorte de las prestaciones.

se promoverá el retorno de la gestión económica de IT por contingencias comunes a la Seguridad Social y se valorará el incremento de la cuantía de la prestación por incapacidad común al 75% desde el primer día, y al 100% por contingencias profesionales.

complementando las pensiones más bajas y en especial las no contributivas para asegurar que no condenan a nadie a la vulnerabilidad social.

Se hace necesario seguir apostando por reforzar el complemento de las pensiones para la reducción de la brecha de género

Es necesario plantear un aumento de la cuantía actual de las pensiones mínimas, tanto de las contributivas como de las no contributivas. Igualmente, las pensiones de viudedad deben incrementarse para aquellas mujeres que no poseen cotizaciones propias

establecer un convenio especial con la Seguridad Social para la cotización, con efecto retroactivo, de los años de dedicación como Deportistas de Alto Nivel (DAN) mientras se disfrutaba de becas oficiales.

Esto se hará con la introducción de soluciones tecnológicas para fomentar el cuidado a domicilio recurriendo al diagnóstico remoto o los dispositivos de monitorización.

continuaremos incrementando la financiación estatal del SAAD hasta que alcance el 50%, asegurando que las comunidades autónomas mantengan su inversión en términos reales.

rediseñaremos, bajo principios redistributivos, el actual sistema de copagos para asegurar que todas las personas dependientes reciben una atención adecuada y suficiente independientemente de sus ingresos.

Pondremos en marcha una ley que recoja el derecho universal al cuidado y que dignifique los trabajos de cuidado, reconozca y revalorice las tareas de cuidado que asumen mayoritariamente las mujeres y apueste por un sistema público universal de cuidados,

Esto implica una transformación económica y social que debe venir acompañada también de un Pacto de Estado por los Cuidados.

Debe además prevalecer el sistema de contratación pública de servicios de cuidados y de atención a las personas con la inclusión de cláusulas sociales

Se crearán bolsas de cuidado en domicilio o en lugares públicos convenientemente habilitados, con garantías de dignidad laboral para las personas que entren a formar parte de las mismas.

También se establecerán ayudas económicas para la adaptación de la vivienda con el fin de mejorar la autonomía y la accesibilidad, previniendo accidentes y caídas y facilitando la movilidad

Reformaremos la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para transitar hacia una red pública de base comunitaria de atención a la dependencia, y aseguraremos la cofinanciación del sistema de dependencia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, de acuerdo con la ley.

Acabaremos progresivamente con la concertación con el sector privado mercantil, potenciando los servicios públicos e integrando en la red pública a las empresas de economía social.

Pondremos en marcha un programa de prevención e intervención frente al maltrato a las personas mayores, tanto en el ámbito institucional como en el doméstico.

Aprobaremos e implementaremos la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización; incrementaremos la financiación estatal de la atención a la dependencia

hasta alcanzar la media europea, asegurando que alcance el 50% de la inversión total; revisaremos el catálogo de servicios y prestaciones, mejorando las intensidades horarias y las cuantías económicas

Revisaremos urgentemente las normativas de residencias de mayores para que garanticen unas condiciones de vida dignas.

Se establecerán nuevos mecanismos rápidos y eficaces de inspección y sanción que aseguren el cumplimiento riguroso de la normativa

Se crearán consejos de residentes y familiares a través de los que se podrá controlar el cumplimiento del marco normativo y la calidad de la atención.

Impulsaremos un pacto intergeneracional que garantice el derecho a desarrollar un proyecto vital en cada fase de la vida y que incluya reformas legislativas que luchen contra la discriminación por edad

Impulso de una prestación por crianza, para luchar por la erradicación de la pobreza infantil. Se cobrará hasta los 18 años y unificará en una única ayuda el actual complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF.

Facilitaremos y agilizaremos las transferencias sociales de carácter monetario, estableciendo mecanismos que permitan su automatización y su rápida distribución a las personas beneficiarias

También se establecerán los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a una cuenta bancaria donde recibir las ayudas a las que tienen derecho.

Reconfiguraremos las prestaciones no contributivas, incluidas las de desempleo, con el fin de simplificar y garantizar la protección a todas las personas que lo necesiten.

Inclusión de este enfoque en las encuestas del INE a través de indicadores clave como el FIES, entre otros.

Desarrollo de un informe periódico anual que genere recomendaciones de mejora para todas las políticas públicas

vamos a conseguir que sea una verdadera garantía de ingreso para toda la ciudadanía. Para ello es necesario realizar mejoras como incluir a las personas jóvenes de entre 18 y 23 años como potenciales beneficiarios de la prestación y garantizar que las menores de 30 años puedan acceder al IMV con los mismos requisitos que se exigen al resto de población adulta.

La cobertura del IMV se debe ampliar a personas migrantes en situación irregular, con especial énfasis en aquellas familias migrantes con hijos a su cargo.

vamos a simplificar los requisitos exigidos para acceder a él, a reducir drásticamente la burocracia y a reforzar los recursos de la Seguridad Social a fin de agilizar tanto la tramitación de expedientes como la atención presencial y telefónica de los solicitantes,

Ayudas de emergencia social eficaces y ágiles, por cauce ajeno a la Ley de Subvenciones. La emergencia social exige respuestas rápidas y eficaces por parte de la Administración. Por ello, sacaremos estas ayudas del obsoleto marco de la Ley de Subvenciones

Impulsaremos una Ley de Garantía de la Igualdad de Acceso a los Servicios Sociales, que declare estos servicios públicos como esenciales, que convierta en derecho subjetivo el acceso a los mismos y que, además, simplifique los trámites administrativos vinculados a ese acceso.

Para ello, necesitamos un marco normativo que facilite la creación y desarrollo de Equipos Interdisciplinares de Desarrollo Comunitario,

garantizaremos la financiación y desplegaremos la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo, 2023-2030,

Es urgente alcanzar la media europea para reducir las escandalosas cifras de pobreza infantil de nuestro país, implementando de manera efectiva la Garantía Infantil Europea y su Plan de Acción

Nuestro compromiso es retomar de inmediato el proceso de reforma del artículo 49 de la Constitución española, ya iniciado por el Gobierno de España y por el Congreso de los Diputados

Trabajaremos por el reconocimiento de la lengua de signos española y de las lenguas de signos gallega, vasca y catalana (con sus variantes dialécticas) como lenguas a impulsar y a proteger por parte de las instituciones públicas.

Vamos a acabar con la institucionalización forzosa de las personas con discapacidad a través de una estrategia estatal de inclusión en la comunidad

Se generalizará la prestación de asistencia personal, estableciéndola como la opción preferente dentro del sistema.

Exigiremos el cumplimiento efectivo y urgente de ese mandato legal. Para ello, contaremos con los fondos de las denominadas «cuentas durmientes» para financiar las actuaciones en materia de accesibilidad

Se reformará la Ley de Propiedad Horizontal para que los costes de obras y actuaciones de accesibilidad en elementos comunes de comunidades de propietarios donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años sean asumidos por las propias comunidades de vecinos, habilitando ayudas públicas suficientes para que el esfuerzo económico sea viable.

Desarrollaremos acciones para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, erradicar las violencias que sufren y corregir la brecha que sufren en su acceso al empleo.

Se elaborará una regulación normativa del empleo con apoyo que incremente las partidas presupuestarias dedicadas a su despliegue

Se impulsará una fiscalidad favorable a las personas con discapacidad y sus familias, con el fin de promover la inclusión social y compensar el sobrecoste que supone la vida activa en la comunidad para las personas con discapacidad.

Se adoptarán las medidas necesarias para eliminar los obstáculos que actualmente enfrentan las personas con discapacidad.

Se avanzará en la implementación de estrategias nacionales y programas formativos para agentes sociales culturales, deportivos, educativos y culturales, con la participación preferente de profesionales en primera persona

Incorporación de oficinas o unidades de atención a la discapacidad y a las distintas diversidades en los estatutos de todas las universidades.

Aprobación de una ley de regulación de la publicidad de alimentos no saludables dirigidos al público infantil.

Incluir la alerta por ola de calor en el ámbito de la salud pública, con el consiguiente desarrollo de planes de preparación y respuesta y creación de un sistema de alerta móvil.

Trabajaremos en la reducción drástica de las cifras de enfermedad y mortalidad prematura asociada a la exposición a agentes contaminantes

Reforma de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición para desarrollar instrumentos y políticas que garanticen el derecho a la alimentación saludable y sostenible, especialmente para la infancia y adolescencia

Actualización de la Estrategia NAOS, para reducir de forma efectiva el «entorno obeso-

Impulso y dotación de más competencias y medios al Observatorio de la Nutrición y de Lucha contra la Obesidad.

Refuerzo de los controles de residuos de pesticidas en alimentos y estableciendo un sistema más seguro que no abuse del «uso excepcional».

Se regulará por ley la publicidad en las comunicaciones comerciales de alimentos y bebidas dirigida al público infantil y juvenil.

Apostaremos por la progresiva retirada de alimentos no saludables en los centros educativos, incluyendo cafeterías y máquinas de vending

Proponemos impulsar un gran pacto por la salud, la sanidad y el bienestar en España, que garantice el derecho a la salud. Para ello actualizaremos nuestro Sistema Nacional de Salud blindando su universalidad -revirtiendo las reformas legislativas que han limitado este aspecto- y su carácter público

Se rediseñará el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para establecer una nueva gobernanza entre el Ministerio y las comunidades autónomas,

Desarrollaremos una Ley General de Salud y Bienestar que asegurará una atención sanitaria integrada en los territorios y vertebrada desde la atención primaria y comunitaria.

El gasto sanitario público aumentará anualmente medio punto del PIB hasta igualar el porcentaje promedio de los diez países europeos con mayor participación de gasto sanitario público sobre el PIB.

Garantizaremos la financiación de la sanidad en las comunidades autónomas, así como la garantía de retribución a aquellas que atienden población desplazada, mediante el desarrollo del Fondo de Garantía Asistencial y el Fondo de Cohesión Sanitaria

Proponemos incorporar a los servicios sanitarios públicos nuevas prestaciones, como la salud bucodental, la nutrición, la salud óptica, la audioprótesis, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la fisioterapia.

aprobaremos una ley de listas de espera que establezca tiempos máximos de espera y garantice un registro homogéneo, transparente y fiable de las listas de espera en todo el país.

Se impulsará la protección y vigilancia de la salud centrada en el modelo One Health (una sola salud humana, animal y ambiental) y los sistemas de actuación ante emergencias sanitarias y pandemias.

Plan de choque para fortalecer la atención primaria en todo el Estado. El plan supondrá la financiación directa para que las comunidades autónomas puedan aumentar personal, mejorar las infraestructuras y adquirir material sanitario.

Especialmente se prohibirá la publicidad de estos productos dirigida a un público infantil, así como las promociones como premios, regalos o concursos orientadas a apoyar esa publicidad.

Promoveremos un plan de salud sexual y reproductiva que incremente el abanico de anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud.

Promoveremos un plan integral de atención al postparto y de apoyo a la lactancia materna.

Para afrontarlo vamos a impulsar una nueva norma que regule la condición de persona enferma crónica en el Sistema Nacional de Salud.

Se ha de reconocer y garantizar el derecho de todos los niños y las niñas a la atención temprana como un derecho subjetivo, universal, público y gratuito, incorporándose a la cartera básica común de servicios del Sistema Nacional de Salud y aprobando una ley de atención al desarrollo que lo reconozca y lo garantice.

Además, pondremos en marcha un plan de ayudas para la compra de audífonos: los

pensionistas que lo necesiten y que tengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional vigente verán financiado el 80% del coste.

garantizando que puedan suministrarse cuidados paliativos en los domicilios cuando así se desee

Plan nacional del fomento del uso del anticonceptivo, basado en la educación sexual integral, acceso gratuito y universal a métodos anticonceptivos, el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo, la producción nacional de anticonceptivos genéricos

Garantizar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud eliminando las barreras administrativas y legales que impiden la cobertura sanitaria universal a solicitantes de asilo y refugio

se promoverá el acceso a técnicas de reproducción asistida financiadas por el sector público para mujeres hasta los 45 años de edad, asegurando la no discriminación de mujeres lesbianas o sin pareja.

se incluirán en la cartera de prestaciones del sistema público de salud las intervenciones para la recuperación de las lesiones genitales producidas por mutilación.

Se aumentarán los programas de prevención y cribado fetal y neonatal ampliando la determinación de ADN fetal en sangre materna a nivel prenatal para la detección de alteraciones cromosómicas.

Se plantearán medidas para garantizar los derechos de las mujeres embarazadas, las condiciones del parto y posparto más allá de la actual estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, y se valorará la presentación de una ley.

garantizar el pleno acceso a todas las técnicas de reproducción asistida en el sistema público, así como el acceso a tratamientos completos de atención a la identidad de género.

Proponemos hacer efectivo lo previsto en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 mediante la integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas de salud autonómicos con plena identidad de prestaciones.

Particularmente, en lo que respecta a las ciencias de la salud, se promoverá la investigación clínica independiente en los centros del Sistema Nacional de Salud.

Garantizaremos que los Centros Deportivos cuenten con programas médicos y servicio de fisioterapia deportiva para que se adapte la práctica deportiva a las posibles patologías

Estableceremos un programa marco de financiación para la receta deportiva o prescripción de ejercicio físico en los centros de salud.

Se introducirán sistemas de control, participación y transparencia en la gestión de las

Se blindará el carácter público del Sistema Nacional de Salud, impidiendo las formas de gestión privatizadas. Promoveremos un plan de desprivatización, que incluirá los servicios de limpieza, hostelería o lavandería,

Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público.

Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos.

Pondremos en marcha un Plan de Choque en Salud Mental que aborde los problemas relacionados con el sufrimiento psíquico desde una perspectiva comunitaria,

Promoveremos un pacto de Estado por la salud mental para que estas políticas partan del consenso institucional, con líneas de financiación finalista a comunidades autónomas para estrategias de salud mental,

Se incrementará el número de profesionales de psicología clínica, enfermería especializada en salud mental, trabajo social y psiquiatría de la red sanitaria pública

Se desarrollará una estrategia de salud mental infantojuvenil que abarque la prevención, detección precoz, promoción y atención desde una perspectiva multidisciplinar, comunitaria y que priorice la intervención psicosocial.

Se pondrá en marcha una estrategia estatal de cero contenciones, dirigida a conseguir que las prácticas coercitivas en los centros sanitarios y entornos penitenciarios sean realmente excepcionales

Se desarrollará un plan nacional contra el suicidio que no solo refuerce la dimensión asistencial sino que también ponga el foco en las condiciones de vida y las intervenciones en el medio.

Se trazará una estrategia estatal de atención y prevención de los problemas de adicción derivados del chemsex, con participación activa en su diseño de los colectivos implicados.

Promoveremos una estrategia estatal de atención y acompañamiento al duelo perinatal.

Incrementaremos las plazas públicas en las comunidades terapéuticas de tratamiento de las drogodependencias y otros trastornos adictivos, y crearemos una específica para infancia y adolescencia.

impulsaremos la implementación efectiva y urgente de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud para el periodo 2022-2026 y su Plan de Acción de Salud Mental.

Se pondrá en marcha un programa de apoyo psicológico y social a las personas mayores que estén en situaciones de mayor vulnerabilidad, en especial a las que se encuentran en situación de aislamiento social.

Se impulsarán planes de prevención del suicidio en los centros educativos, que contarán con personal especializado y recursos suficientes para desarrollarlos.

Se fortalecerá el sistema público de atención a la salud mental juvenil, reduciendo al mínimo las listas de espera, con especial atención a la prevención del suicidio, los trastornos de la conducta alimentaria y la ludopatía, garantizando el acceso a terapia individual y grupal de los jóvenes en la red pública.

Realizar planes estatales de prevención y tratamiento de las cuestiones de salud que puedan afectar de manera específica al colectivo como el VIH, ITS, chemsex o la salud mental de las personas LGTBI+

Estableceremos un plan para que las personas con trastornos mentales graves no entren en el sistema penitenciario, sino que sean atendidas por el sistema sociosanitario y comunitario, abandonando el modelo de hospital psiquiátrico penitenciario.

Pondremos en marcha un plan para hacer frente a los problemas de salud mental en jóvenes aumentando los profesionales de orientación y psicología para prevenir y acompañar la realidad de los centros educativos.

Articular servicios de atención y cuidado de la salud mental para deportistas de alto nivel y alto rendimiento tanto en activo como retirados de la actividad deportiva

Siempre que sea posible, se incorporará en todos los equipos de los centros de atención primaria y hospitales públicos a dietistas-nutricionistas para tal fin

Nos comprometemos a acabar con la temporalidad y la precariedad del personal sanitario,

Acometeremos una reforma del Estatuto Marco y el resto de legislación bajo la que se regulan las condiciones de trabajo de los y las profesionales del sector sanitario,

Acabaremos con las guardias médicas de matronas y enfermeras de 24 horas, avanzando desde el sistema de guardias a un sistema de turnos, como ocurre en otros países europeos.

Crearemos un plan de retorno del talento dirigido a recuperar para la sanidad pública española a las y los profesionales sanitarios a quienes la precariedad ha obligado a emigrar o a abandonar el sector.

Ampliaremos las plazas de formación de medicina, enfermería y psicología en las universidades públicas, con criterios de distribución geográfica según las necesidades de la sanidad de cada territorio. Aumento de las plazas de formación MIR, EIR y PIR y de otras especialidades, también según las necesidades.

Se creará una empresa farmacéutica pública que investigue, fabrique y comercialice medicamentos, terapias esenciales y vacunas, guiándose por principios de interés público.

Se avanzará en la eliminación progresiva del copago farmacéutico, priorizando a personas de rentas bajas y elaborando un catálogo de medicamentos de alto valor terapéutico exentos de copago.

garantizar el acceso universal y gratuito a escuelas infantiles de cero a tres años.

En este sentido, aceleraremos la creación de nuevas plazas públicas en escuelas infantiles de primer ciclo hasta alcanzar una cobertura del 90%.

Aprobación de una normativa estatal para la mejora de la composición y la calidad nutricional de los menús en los comedores escolares.

Incorporaremos la formación en economía social y cooperativa en todos los niveles educativos mediante reformas legales que lo incorporen en los currículos y alianzas público-privadas para garantizar el aprendizaje basado en la práctica.

Revisaremos el currículo educativo con criterios ambientales y ecosociales transversales, promoveremos la formación específica del profesorado en materia de crisis climática y crearemos materiales educativos abiertos a toda la ciudadanía.

Impulso de los módulos de formación profesional relacionados con la reparación textil, mobiliaria, de aparatos electrónicos y otros sectores relacionados con la economía circular.

la fijación de unos criterios mínimos de alimentación saludable y sostenible en los comedores escolares, garantizando la presencia en los menús de un mínimo de alimentos de temporada y propios de la dieta mediterránea, de al menos un día vegetariano a la semana para todas y todos

Incorporaremos en los contenidos básicos curriculares, tanto de educación primaria y secundaria como en los grados universitarias del ámbito sanitario, asignaturas obligatorias sobre alimentación saludable y sostenible.

Vamos a asegurar una oferta que pueda responder a la demanda, así como plazas gratuitas y de calidad.

Asimismo, se garantizará la calidad de los servicios públicos, reduciendo las ratios de alumnado por aula y mejorando la formación y las condiciones de trabajo de los educadores y las educadoras.

Pondremos en marcha una nueva regulación que asegure una alimentación saludable y sostenible en todos los comedores escolares a través de la compra de productos de proximidad.

Pondremos en marcha una estrategia de bioclimatización que garantice que todos los centros educativos tengan unas condiciones ambientales y de confort térmico adecuadas.

Se impulsará la inversión pública en la formación profesional para revertir el rápido proceso de privatización que están experimentando los ciclos formativos.

se pondrá en marcha una batería de medidas de acreditación para que las personas jóvenes que abandonaron tempranamente su formación adquieran las competencias que precisan para su recualificación profesional.

Pondremos en marcha un sistema público de acreditación de las competencias adquiridas en el voluntariado y en la educación no formal.

Se establecerá un nuevo ámbito de competencias escolares vinculadas a la coeducación, que deberá formar parte formal de los currículos: educación en igualdad, educación antirracista, educación LGTBI+, educación contra las violencias machistas y educación sexoafectiva.

Proponemos, pues, fomentar la formación democrática en las diferentes etapas educativas (de la escuela a la Universidad); así como una campaña comunicativa sobre los valores de la democracia y su importancia a la hora de afrontar los retos actuales.

Se procederá a la actualización de los contenidos curriculares en las distintas etapas educativas y se impulsará la incorporación en los libros de texto y materiales curriculares del estudio de la represión y las luchas por la democracia en España

Universalización de la cobertura pública gratuita de la etapa educativa de cero a tres años y su inclusión plena en el sistema educativo.

Red pública suficiente de centros de Formación Profesional que garantice la cobertura de estos estudios, comprometida con el trabajo decente, y que consiga revertir el peso actual de la oferta privada en estas enseñanzas

Impulsaremos una nueva ley de Formación Profesional que recoja los principios anteriores, que la adapte al modelo productivo, a las necesidades de formación y el derecho al acceso en el mundo del trabajo

Para ello, es necesario alcanzar de manera inmediata el 5% del PIB en gasto educativo, y avanzar progresivamente hacia el 7%. Esta inversión se debe garantizar mediante una Ley de Financiación del Sistema Público Educativo.

la implementación de planes integrales de atención personalizada al alumnado en riesgo de fracaso o exclusión, la contratación de más profesores y profesoras de apoyo, el refuerzo de la atención sociosanitaria y psicológica en los centros

Ecocomedores escolares gratuitos de gestión directa en los centros públicos durante toda la etapa obligatoria y otros soportes básicos.

Se reforzarán de manera sustantiva la formación y educación de las personas adultas, incluyendo los cambios normativos que sean necesarios para alcanzar este objetivo

todos los sectores de la comunidad educativa deben participar de manera equilibrada en la elección y composición de los órganos de gobierno de los centros.

Para hacer posible este modelo educativo resulta esencial bajar la ratio de alumnado por aula y aumentar el número de docentes y otros profesionales especialistas

Es necesario aumentar las plantillas de profesorado, reducir la interinidad al mínimo y mejorar las retribuciones y los recursos.

Gratuidad de todas las etapas educativas en los centros públicos, obligatorias y no obligatorias.

El mantenimiento y mejora de los centros públicos requiere una mayor inversión en sus infraestructuras y equipamientos, con dotación de espacios de uso múltiple, talleres, bibliotecas, aulas de música, gimnasios, comedores escolares, etcétera. También es fundamental la bioclimatización de los centros públicos

Promoveremos un pacto de país entre los ámbitos institucionales de la cultura y la educación, para desarrollar estrategias y medidas recíprocas para ampliar la presencia del arte, la cultura y la creatividad tanto en la educación reglada como en la no formal.

Promoveremos la educación artística, musical, corporal, audiovisual y mediática en la educación Primaria, Secundaria o Bachillerato.

Garantizar un mínimo de tres horas semanales de educación física en la enseñanza educativa obligatoria para generar hábitos de vida contra el sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso en niños, niñas y jóvenes.

Promover el uso abierto de tardes y fines de semana de las instalaciones deportivas en los centros de enseñanza obligatoria y universitaria a través de la colaboración con los ayuntamientos, los clubes, las federaciones deportivas y el tercer sector.

Las infraestructuras web, los sistemas operativos, los servicios digitales, los materiales formativos, etcétera, podrían perfectamente ensamblarse y distribuirse a un coste muy bajo desde la administración pública haciendo uso de las alternativas libres que ya existen.

Para ello, será necesario revisar la normativa de conciertos educativos para que la red concertada sea realmente subsidiaria de la pública y, asimismo, acabar con la cesión de suelo público para la construcción de centros educativos en manos privadas.

la oferta de plazas concertadas se financiará con recursos públicos solo en los casos en que sea estrictamente necesario, esto es, debido a una insuficiencia en la red pública. Y, con el objetivo de corregir la segregación escolar, se establecerá también por ley el incremento progresivo del porcentaje de los fondos públicos destinados a la red pública.

Se suprimirán de forma inmediata los conciertos educativos con centros que discriminen por razón de sexo o utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas u otras características culturales o personales.

se controlará el estricto cumplimiento de la ley, fiscalizando, asimismo, que los centros privados sostenidos con fondos públicos no impongan tasas ilegales a las familias del alumnado mientras los conciertos estén en vigor.

Para ello, se impulsará una Ley Estatal de uso y enseñanza de lenguas oficiales y minorizadas.

se fomentará la inclusión de una asig- natura sobre la crisis ecosocial, basada en evidencias, que sea obligatoria en todos los grados de la educación superior.

La ampliación de la dotación presupuestaria del programa Campus Rural.

Dignificación de las enseñanzas artísticas y aprobación de su marco regulador como estudios universitarios. Mejoraremos la oferta y la accesibilidad de las enseñanzas artísticas, e iniciaremos el proceso de adscripción e integración de los estudios superiores de música y de las restantes enseñanzas artísticas al sistema universitario.

Una política de precios públicos que tienda a la reducción y, de manera progresiva, a la gratuidad. Se sigue el modelo de otras universidades europeas, comenzando, de forma inmediata, por el primer curso de los grados.

Eliminaremos el actual castigo económico que resulta de las matrículas sucesivas en una misma asignatura

Garantizar la calidad formativa de las prácticas externas y su seguimiento y evaluación. Se contará con una implicación efectiva de las personas tutoras académicas y de las entidades colaboradoras.

Establecer topes máximos reales de contratación temporal y contar con una figura laboral con estabilidad, de inicio, para incentivar la consecución de este objetivo. El tope de contratación temporal debería aplicarse, asimismo, al PTGAS.

Fijar una tasa de reposición acorde a las necesidades, no solo actuales sino también futuras, a través del establecimiento de marcos plurianuales de reposición de la plantilla

Replanteamiento del sistema de evaluación del profesorado. Se considerarán el conjunto de sus trayectorias y contribuciones, y en especial las vinculadas con la función social más amplia del sistema universitario.

Poner en marcha el sexenio de evaluación de la docencia, además de los de investigación y transferencia.

Revisión y actualización del papel y funcionamiento de las agencias de evaluación académica y científica, como ANECA y la AEI

Obligación, como mínimo, de cumplir la referencia de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de destinar el 1% del PIB a financiación pública de las universidades públicas.

Se aumentarán progresivamente las dotaciones presupuestarias a partir de esa base para alcanzar en diez años el nivel de financiación correspondiente a una de las principales economías de la Unión Europea, como es el caso de España.

Se obligará a implementar contratos-programa plurianuales destinados a la financiación por objetivos que complementen la financiación básica para el funcionamiento de las universidades.

Promoveremos una nueva proposición y aprobación de la Ley de enseñanzas artísticas, cuya aprobación quedó pendiente en la anterior legislatura, para incorporar nuevas disciplinas que respondan a la diversidad y retos de la sociedad actual.

se reforzarán los cuerpos específicos de cátedras y de profesorado de enseñanzas artísticas superiores, diferenciados de los correspondientes a las enseñanzas profesionales, y asimilados en cuanto al tiempo de dedicación, remuneración y niveles a los universitarios;

Especialmente preocupante es la situación del deporte universitario para el que habrá que crear una mesa de trabajo con todas las partes implicadas.

Vamos a legislar para implementar progresivamente el derecho universal a comedores escolares gratuitos en todos los tramos de la enseñanza obligatoria.

Vamos a impulsar, en la Universidad, en la educación secundaria y, muy especialmente, en los estudios superiores no universitarios, la ampliación y la modernización de los sistemas de becas y ayudas al estudio, cuya partida presupuestaria se seguirá ampliando significativamente.

Se eliminará el sistema variable de becas, de modo que los y las estudiantes conocerán con suficiente antelación si pueden contar con una ayuda al estudio y la cuantía de la misma. Las Administraciones estarán obligadas legalmente a ingresar el importe de la beca durante el primer trimestre del curso.

Estableceremos un sistema de becas públicas, ayudas y compensaciones para preparar el acceso al empleo público en la justicia para garantizar que ninguna persona quede excluida del acceso por motivos socioeconómicos.

Democratizaremos la carrera diplomática con un sistema de becas para reflejar plenamente la diversidad existente en la sociedad española y garantizar que el origen social y el género no limiten las posibilidades de entrada.

Aumento de la oferta de becas en función de la renta y de otros soportes requeridos para, con ello, minimizar la precariedad vital y educativa del estudiantado.

mediante plazas en residencias estudiantiles a precios asequibles, intercambios o ayudas.

Hay que revisar la normativa de becas actual para acelerar su tramitación y asegurar que se ingresen al inicio del curso académico.

Refuerzo de becas y ayudas económicas destinadas a respaldar los procesos de movilidad internacional, por la duración completa y los costes reales de los mismos, especialmente entre los colectivos con más dificultades o menos recursos.

se equiparará a los estudiantes con los universitarios en cuanto al acceso a becas, ayudas, convocatorias o premios de fin de grado;

Promover la creación de becas de estudio para deportistas de alto rendimiento

Modernización de nuestra imposición ambiental, para impulsar la obligatoria y urgente transición energética y la descarbonización de la economía, apostar por la sostenibilidad ambiental y obtener recursos adicionales.

Es necesario proteger a las personas trabajadoras ante las situaciones, cada vez más frecuentes, de altas temperaturas, a través, entre otras medidas, del establecimiento de protocolos y planes de actuación que tengan en cuenta las diferentes variables que conforman una situación de riesgo.

Impulsaremos, de acuerdo con las comunidades autónomas, la introducción de una tasa que desincentive el uso de envases de plástico en toda la cadena de valor. La recaudación obtenida se dedicará a objetivos estratégicos y prioritarios de la economía circular.

Ampliación de la estrategia nacional de transición justa con medidas específicas en nuevos sectores (automoción, agricultura, gas, petróleo, aeronáutica y turismo) además de definir planes territoriales de transición justa

Plan de garantía de transición ecológica justa, liderado por el Instituto de Transición Justa que asegure procesos de capacitación y reconversión laboral, en el marco del diálogo social y la concertación

Se obligará a tener educadores ambientales en municipios de más de diez mil habitantes.

Se designará un organismo independiente de ámbito estatal, bien existente o de nueva creación, para el control del lavado verde de las grandes empresas con las siguientes competencias:

Mantenimiento de una Vicepresidencia del Gobierno de Transición Ecológica para coordinar, con la necesaria autoridad ante el resto de los ministerios, y realizar una verdadera política transversal de lucha contra la emergencia climática.

Creación de una agencia especial para la TEJ y de un observatorio del avance de la TEJ que incluyan mecanismos de evaluación de políticas públicas y herramientas de devolución a la ciudadanía (2024).

Modificar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aumentar su ambición marcándose estos objetivos: ● 55% de reducción de emisiones en 2030.

Plan de choque de inversión para adaptar espacios públicos, con especial atención en escuelas y residencias, a las olas de calor.

Poner nombres a las olas de calor para concienciar a la ciudadanía

Adaptar la certificación energética para que considere las temperaturas futuras, el confort pasivo y el efecto isla de calor.

Prohibición de la publicidad y los patrocinios de combustibles fósiles

Reformaremos la Ley de Costas ampliando la zona de servidumbre de protección y, en aquellas comunidades autónomas en las que no se haya transferido la competencia de gestión de costas, reorientaremos las políticas urbanísticas no autorizando nuevas construcciones en zonas de riesgo por inundaciones o por aumento del nivel del mar.

Efectuaremos un plan de inversiones contra la regresión de las costas y llevaremos a cabo la revisión de todos los impactos de las infraestructuras en la pérdida de playas.

Se elaborará el Mapa Nacional de Vulnerabilidad Climática como herramienta de diagnóstico de riesgos imprescindible para avanzar en la adaptación al cambio climático.

impulsaremos un programa de capacitación climática tanto en la Unidad Militar de Emergencia como en los servicios de protección civil

Reformaremos la Ley de Costas para ampliar de 20 metros a 100 metros la zona de servidumbre de protección, y reorientaremos las políticas urbanísticas no autorizando nuevas construcciones en zonas de riesgo por inundaciones o por aumento del nivel del mar.

Se elaborará el Mapa Nacional de Vulnerabilidad Climática como herramienta de diagnóstico de riesgos imprescindibles para avanzar en la adaptación al cambio climático.

Generación de residuos cuyo único destino puede ser la eliminación en un máximo de 100 Kg por persona y año en 2028.

Cierre progresivo de incineradoras con el 2030 como fecha máxima.

Programa nacional de compostaje: separación completa de la fracción orgánica de los residuos antes de 2027 mediante recogida puerta a puerta —portal a portal—, compostaje comunitario o con implantación efectiva del quinto contenedor en todas las ciudades de España

Alcanzar un mínimo del 10% de reutilización de residuos eléctricos, electrónicos, textiles y de mobiliario.

Adelantar la implantación de sistema de devolución, depósito y retorno al año 2025.

Alcanzar para el año 2030 un 15% de reutilización en los envases usados en canales de consumo diferente del canal HORECA.

Los actuales catálogos de clasificación de residuos, dictaminados por las comunidades autónomas, suponen una barrera normativa de primer orden para la implementación real de la economía circular en España. Es necesaria su revisión desde esta óptica

Prohibiremos la fabricación y venta de productos cotidianos de alto impacto contaminante (toallitas, bastoncillo de orejas…) en un plazo razonable.

Desarrollar una ley de despilfarro alimentario con objetivos ambiciosos y con incidencia en todos los pasos de la cadena de producción alimentaria.

Reforzaremos el carácter legal de los planes de calidad del aire y los planes de acción de reducción de la contaminación adoptados por las comunidades autónomas y municipios.

Se actualizarán los mapas de ruido y contaminación lumínica fijando los niveles recomendables en función de la diversidad de usos en cada zona

se propone la creación de una red compuesta por representantes de consejos municipales de Medio Ambiente, de colectivos ambientalistas y de transformación urbana, cuyo primer objetivo sea impulsar un marco legal que propicie la disminución de los efectos del cambio climático en nuestros barrios y ciudades.

Proponemos convertir el «confort climático» en un derecho social básico, que la administración debe estar obligada a garantizar a través de transferencias, refugios climáticos cercanos, sombras y zonas verdes.

Es urgente impulsar, regular y exigir la climatización sostenible de recintos que concentran a población en situaciones de vulnerabilidad, como centros educativos o residencias de mayores u hospitales,

pondremos en marcha programas de preparación, protección y educación de la población en riesgo, que permitan identificar a los grupos en situaciones de vulnerabilidad de cada comunidad y desarrollar sistemas de alerta temprana, planificación y coordinación ante las emergencias climáticas.

Se establecerá un plan de choque para mitigar el impacto de las altas temperaturas en los centros educativos y en otros espacios en los que se desarrolle habitualmente la vida de los niños y las niñas.

Apoyaremos la adopción de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles

Promoveremos la creación de un mecanismo SURE climático, una herramienta financiera que asegure que la transición ecológica no produzca un impacto negativo en el empleo

Fortaleceremos la agenda legislativa del Objetivo 55 (Fit for 55) para convertir el impulso de las energías renovables y la descarbonización de sectores clave como la industria y la vivienda en ejes prioritarios de la acción europea

hay que poner en marcha un plan para rehabilitar los centros educativos, instalar toldos y sombras y renaturalizar los patios con vegetación, sombra y agua para bajar las temperaturas y convertirlos, además, en refugios climáticos abiertos a los vecinos y vecinas.

Incorporaremos protocolos de acción sostenible en las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte que abordarán aspectos energéticos y medioambientales

Resulta fundamental la apuesta por un plan de reducción de desechos digitales que tenga en cuenta el ciclo de vida completo de los dispositivos electrónicos, desde que se fabrican hasta que los elimina la Administración pública.

Implementaremos un plan nacional de transición energética, para reducir drásticamente las emisiones de CO2, reducir la dependencia externa de los combustibles fósiles, democratizar el sistema de producción y distribución energética y abaratar los precios de la energía.

Rehabilitación de 500.000 viviendas al año, abordando el aislamiento térmico así como la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente eficientes

Ley de Tejados Solares, que facilite e impulse el desarrollo de la energía fotovoltaica en

Facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales.

Reforma del mercado eléctrico mayorista para sustituir el actual mecanismo marginalista y terminar así con los beneficios caídos del cielo, lo que permitirá el abaratamiento

Reforma de la Ley del Sector Eléctrico para separar la actividad de distribución de ener- gía eléctrica de las de generación y comercialización

En las subastas futuras que se realicen para fomentar la instalación de generación eléctrica renovable se reservará una cuota específica para instalaciones renovables promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad.

Se creará una empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas, propiedad del Estado, según vayan finalizando las concesiones

Se reformará el bono social eléctrico y térmico para que la solicitud y la renovación sean automática, hasta que sea sustituido por la tarifa social.

Se impedirá el corte de estos suministros a las familias y personas en situación de vulnerabilidad.

Una tarifa social que permita garantizar el suministro básico a todos los hogares, cuya tramitación no dependa de los operadores de la red. Además de la automatización del bono social y el bono térmico

Mecanismos específicos de financiación para la instalación de autoconsumos colectivos destinados a los hogares de rentas bajas, así como el impulso a las comunidades energéticas con participación pública y de hogares en situación de pobreza energética.

Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la Cañada Real, apostando por la devolución del suministro eléctrico hasta que, en virtud de las competencias autonómicas del Pacto Regional por la Cañada Real, haya una solución definitiva y pactada con los habitantes de la Cañada Real.

proponemos la creación de la oficina de transición energética justa (OTEJ). Un organismo dependiente del IDAE que en un inicio se establecerá, principalmente, en forma de sede electrónica, pero con el objetivo, a final de legislatura y en convenio con los Ayuntamientos, de contar con sedes presenciales en municipios de más de 50.000 habitantes

● 90% de energía renovable en la generación de electricidad en 2030. ● Emisiones netas nulas en 2040.

Estableceremos una hoja de ruta con objetivos concretos para el despliegue de combustibles renovables de cero emisiones, como el hidrógeno 100% renovable, para uso prioritario de la aviación y el transporte marítimo

puesta en marcha de un plan de sustitución de sistemas de calefacción dependientes de combustibles fósiles (incluyendo el gas natural), con la obligatoriedad de sustituir las calderas con más de 15 años, acompañado de ayudas para los hogares de menor renta.

Fijamos como objetivo la descarbonización de los sistemas de calefacción y agua caliente de 500.000 viviendas al año, adicional a los objetivos de rehabilitación.

se regulará el desarrollo de nuevas redes de gas en nuevos proyectos de urbanización.

Detención de las nuevas inversiones y subvenciones al gas natural y a otros combustibles fósiles.

Este sistema asegurará un consumo mínimo vital garantizado para los primeros 1.500 kWh/año (*), con un IVA superreducido del 4% y reducción de cargos regulados y peajes, convirtiéndose automáticamente en tarifa social a coste cero para consumidores vulnerables.

Creación de un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables en coordinación con las comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias de ordenación territorial, que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico.

Reforma del mercado eléctrico para abaratar la energía en la proximidad de las plantas de generación

Avanzar hacia la flexibilización de la instalación del autoconsumo, especialmente el colectivo, para lograr el objetivo de que el 10% de la energía eléctrica demandada en 2030 proceda de instalaciones de autoconsumo.

Este paquete de medidas incluirá la creación de la figura del consumidor asociado, la reducción de las tramitaciones y el permiso de conexión automática en relación a la potencia contratada, para que por debajo de 2,4 kWp de potencia tenga el mismo tratamiento que un electrodoméstico.

Impulso a las comunidades energéticas mediante la transposición ambiciosa de las directivas europeas para garantizar a estas un marco favorable como nuevos actores del sector energético y por un plan específico para el autoconsumo colectivo de carácter social.

La rehabilitación anual, como mínimo, del 5% de los edificios públicos.

Adecuaremos las oficinas y los locales comerciales de alquiler a los máximos criterios de eficiencia energética antes de salir al mercado, incluyendo un paquete de ayudas públicas basadas en criterios de renta

llevar a cabo una auditoría pública sobre los costes reales de cada una de las tecnologías con las que se genera electricidad en España. Así, retribuiremos a cada una en función de dichos costes con el objetivo de no pagar toda la energía al precio que pertenece a la más costosa.

Impedir definitivamente la integración vertical de actividades de generación, distribución y comercialización en empresas del mismo grupo.

Reforma del mercado marginalista con el objetivo, a medio plazo, de eliminarlo y sacar, a corto plazo del mercado las energías inframarginales no gestionables, como

Creación de un fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico (FNSSE): Recuperaremos la figura cuya tramitación se ha aparcado durante dos años, apostando por revisar tanto las exenciones como el tiempo de aplicación.

Recuperación de la titularidad pública de los aprovechamientos hidroeléctricos según vaya caducando su concesión que será gestionada directamente por organismos públicos.

Revisaremos la actual hoja de ruta del hidrógeno evitando procesos especulativos como el H2Med.

Sumar se compromete a mantener el calendario de cierre del parque nuclear español, aplicando una moratoria a cualquier nueva iniciativa nuclear

se propone sacar la energía nuclear del mercado marginalista por su efecto distorsionante, incrementar la tasa de residuos radiactivos y asegurar un proceso de transición justa de los trabajadores vinculados al sector.

Exigiremos el canon hidroeléctrico a las centrales hidroeléctricas sin exenciones.

Desarrollaremos herramientas de ordenación territorial para las grandes instalaciones de producción de energías renovables que sustituyan al mercado en la asignación de usos del suelo, protegiendo los suelos agrarios y los valores paisajísticos y medioambientales del territorio

Pondremos en marcha un plan de impulso a la creación de comunidades energéticas en los municipios rurales.

Reforzaremos el apoyo financiero y el asesoramiento a la población rural para la autoproducción de energía solar.

Adecuaremos el marco regulatorio de autoconsumo para facilitar la comercialización de los excedentes como fuente de ingresos complementarios.

Estableceremos un objetivo nacional de solidaridad urbana en eficiencia energética del parque de vivienda existente.

desarrollaremos un plan de choque contra la pobreza energética para garantizar los suministros energéticos básicos en hogares con especial vulnerabilidad.

se establecerá una tarificación social que asegure el acceso a un consumo mínimo vital de agua y energía (gas y electricidad).

Se reformulará la planificación hidrológica y se revisarán los vigentes planes de gestión de sequías y planes de gestión de inundaciones, ajustándose a la nueva realidad del cambio climático

estas medidas incluirán la revisión de las concesiones de agua actuales para evitar su sobreexplotación, estableciendo criterios de eficiencia y evitando procesos especulativos.

Reconoceremos de manera expresa, y se incorporará a la normativa en el más alto nivel posible, el derecho al acceso universal a los servicios de abastecimiento y saneamiento como un derecho humano contemplado por las Naciones Unidas.

Garantizaremos que las personas económica y socialmente vulnerables puedan recibir

se prohíbe expresamente los cortes del suministro por impagos en situaciones de vulnerabilidad social o económica.

Estableceremos el carácter público de la gestión del ciclo integral del agua a través de una ley orgánica, evitando cualquier atisbo de privatización del recurso o su gestión.

Fomentaremos el consumo de agua del grifo y la reducción de la utilización de envases, especialmente de plástico, e impulsaremos el uso de fuentes públicas y puntos de información sobre la calidad del agua en las ciudades y los pueblos.

Promoveremos la revisión de las tarifas y precios públicos del agua para restablecer la recuperación de costes y el principio de proporcionalidad

Impulsaremos un plan nacional de preservación de aguas subterráneas que garantice las condiciones de recarga, impacto y riesgo en la calidad de las aguas en el contexto actual de emergencia climática.

inventario de pozos en España, analizando el estado del casi millón de pozos ilegales de España y procediendo a su clausura en el caso de que no cumplan las normativas para ser regularizados. También se instalarán caudalímetros para controlar los consumos en los pozos autorizados.

Moratoria a la construcción de grandes instalaciones demandantes de agua, como campos de golf o megaproyectos urbanísticos

promoveremos la revisión de la planificación sectorial vigente (plan DSEAR) y su reorientación para lograr la depuración del 100% de todas las aguas residuales en los planes hidrológicos 2021-2027

Revisión de obras hidráulicas obsoletas. Se revisarán las grandes obras hidráulicas de dudosa rentabilidad y causantes de graves impactos socioambientales que suponen un gran despilfarro de fondos públicos.

Promoveremos la desalinización del agua de mar y de caudales salobres, así ́ como la regeneración y la reutilización de retornos, en territorios costeros, usando energía solar y eólica

Reducción de la contaminación del agua provocada por el uso excesivo de fertilizantes sintéticos y excrementos y purines de la ganadería industrial

Se reformulará la planificación hidrológica y se revisarán los vigentes Planes de Sequía y Planes de Inundación, ajustándose a la nueva realidad del cambio climático y proponiendo las acciones necesarias de minimización de riesgos.

estos ajustes incluirán la revisión de las concesiones de agua actuales para evitar su sobreexplotación, estableciendo criterios de eficiencia y evitando procesos especulativos.

Combatiremos los pozos y los regadíos ilegales con un aumento de los recursos y personal de los Organismos de cuenca y una agilización de los procedimientos.

revisaremos el sistema de concesiones reduciendo su duración y flexibilizándolas para asignar los recursos con criterios de equidad y justicia social

Transformaremos en una política de transporte permanente la reducción del precio de los abonos de transporte para desplazamientos recurrentes, al trabajo o a los centros de estudio y con la cofinanciación de las comunidades autónomas y la Administración local.

Ley de Financiación del Transporte Colectivo, Público o de Bajas Emisiones, para avanzar

con el objetivo de que en 2040 no circulen en España vehículos con motores de combustión interna.

desarrollaremos una estrategia nacional contra la pobreza en el transporte que diagnostique, prevenga y combata situaciones de vulnerabilidad derivadas de la dificultad de asumir el coste de las necesidades en transporte

Facilitaremos el acceso al vehículo eléctrico simplificando las ayudas a la compra e in- troduciendo criterios progresivos por renta y promoviendo una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales

Impulsaremos la electrificación del transporte de mercancías instalando cargadores ultrarrápidos en las principales rutas comerciales del país y diseñando ayudas específicas para la electrificación dirigidas a profesionales autónomos del sector del transporte.

Impulsaremos una racionalización del transporte aéreo, incrementando la oferta de transporte público ferroviario y por carretera y limitando los vuelos en distancias que pueden ser fácilmente sustituibles por tren.

Aplicar la gratuidad al transporte público de viajeros rurales de lunes a viernes para facilitar su acceso a centros hospitalarios, universitarios y administrativos

Se calificará la movilidad sostenible como un derecho ciudadano con el mayor rango legislativo posible, incluso se trabajará para constitucionalizarlo.

Impulsaremos una ley de movilidad sostenible con objetivos de descarbonización del transporte que sean ambiciosos

Impulsaremos una financiación estatal del transporte público que permita mejorar la oferta, multiplicando las frecuencias y la disponibilidad de servicios, especialmente en los desplazamientos no radiales y en el mundo rural.

En esta misma línea se garantizará la prórroga de las bonificaciones de los bonos de transporte para aquellos trayectos en los que hayan tenido un impacto positivo en el uso del servicio.

Garantizaremos la financiación de servicios de movilidad suficientes para que la dotación de servicios públicos en el conjunto del territorio esté disponible en un tiempo de viaje inferior a los 30 minutos

Promoveremos un proceso de diálogo y apoyo financiero a las comunidades autónomas, las áreas metropolitanas y los ayuntamientos para la implantación de un billete único para todos los modos de transporte,

Implantaremos modalidades de pago asociadas a la renta y a la disponibilidad de medios de transporte privados.

las empresas con más de quinientas personas en plantilla financiarán de forma finalista y justificada las infraestructuras, los equipamientos y el coste del desplazamiento al centro de trabajo de sus plantillas.

Aprobaremos una hoja de ruta con el objetivo de reducir la mortalidad y los accidentes, también en las áreas urbanas, con una normativa que proteja a los más vulnerables.

Reconvertiremos las infraestructuras innecesarias o redundantes. Con los recursos que se liberen se incrementarán las inversiones en movilidad de proximidad, en la red convencional ferroviaria, en los carriles bus y en las infraestructuras ciclistas.

Reduciremos drásticamente los cánones de circulación en líneas ferroviarias convencionales para el transporte de mercancías e impulsaremos la descarbonización de las flotas y la ampliación de la red de ferrocarril de mercancías para que en 2040 el 80% de los traslados de mercancías se realicen a través de este medio.

Redirigiremos las inversiones ferroviarias de alta velocidad a Cercanías, así como a las líneas de ferrocarril convencional, para, al menos, triplicar la inversión anual en esta red estatal en los próximos cuatro años,

Impulsaremos estrategias que promuevan el trasvase de usuarios del avión al ferrocarril, reduciendo las tarifas de los billetes de AVE y larga distancia para mejorar la conectividad territorial.

Impulsaremos la intermodalidad en todo el Estado, con el ferrocarril como eje vertebrador, promoviendo los trenes nocturnos y fomentando la conectividad transfronteriza de la red española con el resto de Europa.

Promoveremos la electrificación progresiva de las terminales portuarias y daremos competencias a las comunidades autónomas y a los municipios para que puedan regular el número de amarres de cruceros turísticos simultáneos.

Restringiremos las ampliaciones innecesarias e insostenibles de los puertos.

Dotaremos al fondo para la sostenibilidad del transporte público de una financiación inicial de, al menos, el 0,25% del PIB.

Protegeremos al sector del taxi como servicio público esencial estableciendo limitaciones a las VTC a fin de evitar la competencia desleal y garantizar las mejores condiciones de trabajo.

Concretaremos mecanismos de financiación del transporte público para garantizar la calidad y sostenimiento del sistema, a largo plazo y de forma estable, fijando una aportación mínima y máxima del Estado a la financiación del transporte público.

intentando alcanzar la cuota modal del 18% en 2030 respecto al total

como pueden ser la eliminación de los vuelos domésticos entre ciudades para los que exista una alternativa ferroviaria, adecuada en términos de conectividad y seguridad, y de menos de cuatro horas de duración.

Apostaremos por una estrategia estatal que impulse el uso de la bicicleta.

queremos incrementar el número de espacios, instalaciones y equipamientos deportivos al aire libre con horarios abiertos y gratuitos, tales como carriles bici, parques de salud, senderos deportivos, espacios de parkour y calistenia, rocódromos, pistas de skate y patinaje, entre otros, configurando «ciudades activas».

Se priorizará el deslinde en las zonas protegidas para agua de consumo y espacios de la Red Natura 2000.

se realizará un inventario de infraestructuras obsoletas, como azudes, canales o escolleras que impidan la adecuada regeneración del ecosistema fluvial y de ribera, con el objetivo de proceder a su retirada ordenada.

Intensificar la coordinación con las Comunidades Autónomas en la prevención de incen- dios forestales, siguiendo las directrices y criterios comunes para la elaboración de los planes de prevención del Real Decreto Ley 15/2022.

Establecer un fondo presupuestario de apoyo a la prevención de incendios y a la gestión forestal para poder fortalecer el trabajo de todas las administraciones y actores

Finalizar la tramitación de la Ley Básica para el Estatuto de los Bomberos Forestales, cuya tramitación quedó interrumpida por la convocatoria electoral, armonizando sus funciones y categorías profesionales en todo el territorio nacional.

Pondremos en marcha medidas económicas y fiscales para sustituir progresivamente las plantaciones de pinos exóticos y eucaliptos con el fin de generar bosques con especies autóctonas

Exigiremos en las compras públicas de madera y productos forestales los sistemas de certificación forestal sostenible.

se impulsará un aumento de las reservas marinas en aguas exteriores, así como una protección de aquellos ecosistemas especialmente singulares, como la posidonia oceánica, entre otros.

proponemos un plan nacional urgente en el ámbito de la cuenca del Mar Menor, con la adecuada dotación presupuestaria para revertir su catástrofe ecológica y regenerarlo.

Elaboraremos un nuevo plan estratégico del patrimonio natural y la biodiversidad

El plan se marcará como horizonte ampliar la protección y recuperación de ecosistemas y de especies hasta alcanzar al menos el umbral de un 30% de la superficie terrestre y marina protegida para 2030.

8.1. Revisión del Catálogo Español de Especies Amenazadas con la inclusión del lobo ibérico o la tórtola europea y desarrollo de los planes de gestión con objetivos y recursos económicos efectivos.

8.2. Estrategia nacional contra las especies exóticas invasoras, derogando la Ley 7/2018.

Estímulo a la protección de los servicios ecosistémicos, mediante apoyo a los programas de custodia del territorio, los incentivos fiscales y los proyectos piloto de pago por la conservación de recursos hídricos, forestales o de biodiversidad.

Revisaremos las directrices de gestión de la Red Natura 2000, para asegurar que sus objetivos de conservación de especies y hábitats amenazados se cumplen.

Crearemos la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que incluirá el actual Organismo Autónomo de Parques Nacionales

Garantizaremos la conservación de las abejas, mariposas y otros insectos polinizadores

Revisar y reactivar el «plan estratégico español para la conservación y uso racional de los humedales», para revertir el estado de degradación de espacios de importancia internacional como Doñana, la Albufera, el Delta del Ebro, el Mar Menor o la Mancha Húmeda.

Aprobaremos una estrategia nacional de infraestructuras verdes, conectividad y restauración ecológica que fomente la integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Propondremos una nueva Ley de Protección del Subsuelo y los Recursos Geológicos que sustituya la de Minas de 1973, para impulsar una minería con los más altos estándares ambientales y que garantice la conservación de la biodiversidad.

Fomentaremos la creación de geoparques para la protección de áreas paisajísticas de excepcional valor geológico.

Desarrollo de planes estatales contra el maltrato a los animales. Dotación presupuestaria destinada a fuerzas y cuerpos de seguridad, ámbitos judiciales y sociales.

Inclusión de los animales de compañía de trabajo en la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales (7/2023) y aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley 7/2023.

Acabaremos paulatinamente con la cautividad de delfines y otros cetáceos, así como de los espectáculos en los que participan.

Ampliaremos los recursos, subvenciones, ayudas y convenios estatales a entidades de protección animal

Esto incluirá la provisión de plazas de veterinario municipal en los Ayuntamientos de más de cinco mil habitantes y en las mancomunidades de municipios más pequeños.

crearemos un plan de reequilibrio por la biodiversidad con base científica y de protección de especies silvestres y domésticas que tenga en cuenta controles éticos poblacionales.

Aborde la lucha contra los incendios forestales acompañando las políticas paliativas de reforzamiento de los medios de extinción con políticas preventivas dirigidas a limitar la acumulación de biomasa combustible.

El objetivo sería alcanzar en 2040 el 30% de cobertura arbórea en todos los asentamientos urbanos del territorio español.

Reforzaremos los controles y estándares ambientales y sociales de las grandes explotaciones ganaderas para minimizar su impacto.

Moratoria del regadío intensivo y reducción progresiva del regadío superintensivo, de ma- yor huella ambiental y menor retorno social

Impulsaremos una transición ecológica de la agricultura intensiva en el campo de Cartagena mediante su reconversión hacia un modelo sostenible y susceptible de ser beneficiado por medidas agroambientales de la PAC.

que culmine con la aprobación de una ley de futuro de la agricultura, la ganadería y la alimentación que oriente las políticas y los estímulos a la actividad agropecuaria hacia esa imprescindible transición agroecológica

Facilitaremos e impulsaremos la puesta en marcha de bancos públicos de tierras de alcance local, autonómico y estatal

Pondremos en marcha la cesión de suelo rústico de la Sareb para fomentar la puesta en marcha de explotaciones agrarias ecológicas que contribuyan a la transición agroecológica.

Estableceremos medidas restrictivas contra la adquisición de tierras agrarias por inversores no comunitarios

priorizar las explotaciones familiares agrarias de talla humana y seguir avanzando en el camino del «dinero público para los bienes públicos», eliminando los derechos históricos indefendibles y facilitando la transición agroecológica.

requiere la creación o la potenciación de unos servicios públicos de asesoramiento y divulgación, vinculados de forma efectiva, por una parte, al territorio y, por otra, a los organismos de investigación

Reforzaremos en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) el apoyo a todo el en- tramado de empresas agrarias y agroalimentarias que ya han emprendido el camino de la transición agroecológica

promoveremos la compra pública alimentaria sostenible en la restauración colectiva (colegios, hospitales, residencias de mayores, por ejemplo).

Salir de la dependencia al glifosato a cinco años vista, acompañando a los agricultores en esta transición para poner en marcha las alternativas ecológicas necesarias, y apoyar la no renovación del glifosato en el marco de la UE.

se pondrán en marcha los apoyos suplementarios que necesitan para poder seguir existiendo.

Se establecerá la eliminación gradual del uso de sistemas de jaulas en la producción ganadera.

Potenciaremos la transformación de las granjas de producción de foie gras en sistemas sin alimentación forzosa.

Pondremos en marcha un plan de reconversión de las granjas peleteras, en línea con los planes de biodiversidad que impedirán la cría de animales exóticos invasores.

Estableceremos un índice de precios a los productos agroalimentarios y elaboraremos normativa y planes de revisión y control de la cadena alimentaria y sus intermediarios para asegurar el pago de precios justos a los productores.

Un control exhaustivo, bajo pena de sanción, de los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La creación de la figura de la defensoría de la cadena alimentaria, como existe en otros Estados miembros, con funciones similares a las del Defensor del Pueblo.

El refuerzo de los medios materiales y humanos de la Agencia de Información de la Cadena Alimentaria.

Se fomentará económicamente la articulación de una red alternativa de distribución de alimentos basada en criterios sociales y agroecológicos con precios justos para los productores y las productoras, y consumidores y consumidoras

Creación de una red de espacios públicos comunitarios para facilitar el derecho a la alimentación saludable y sostenible a escala de barrio o municipal

Por medio de la empresa pública Mercasa, se fomentará un cambio en la estructura de distribución de alimentos que permita una relación directa entre productores y pequeños vendedores.

Resolución de las trabas administrativas para mejorar la sustentabilidad de iniciativas agroecológicas existentes y creando otras nuevas, siguiendo el ejemplo de los avances en la normativa higiénico-sanitaria para elaboradores de pequeña escala.

Proponemos crear un banco de tierras público en el contexto urbano y periurbano para el desarrollo autónomo de proyectos agroecológicos con carácter fijo o temporal (mientras no se da otro uso a estas parcelas).

Se tomarán medidas para avanzar hacia la paridad en la titularidad de las explotaciones agrarias.

Se garantizará el cumplimiento de las medidas relacionadas con las mujeres previstas en el marco del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (2023-2027)

Incremento de las ayudas para la adquisición del primer buque para jóvenes pescadores.

Completa y correcta aplicación del convenio número 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca

Modificaremos la definición de pesca artesanal para hacerla más coherente con la establecida por el ICCAT.

Controlaremos más y mejor las flotas de las empresas mixtas y la trazabilidad de sus capturas.

Mejoraremos el sistema de subvenciones incorporando criterios de conservación, socioeconómicos y de reducción de huella de carbono.

Apoyo financiero y refuerzo de la estructura de las cofradías de pescadores como motor

Impulso de medidas, como el depósito, para frenar el abandono de redes de pesca.

Plan de ayuda y búsqueda de alternativas al sector pesquero afectado por especies invasoras, como, por ejemplo, el alga Rugulopteryx okamurae.

Estableceremos mecanismos para que las cuotas pesqueras se consuman con criterios sociales y territoriales, evitando negocios especulativos.

Prohibición de la pesca recreativa de especies en situación biológica sensible y de las que están sujetas a Tac y cuotas, dada la necesidad de protección que estas presentan.

Implantación de sistemas de automuestreo, con metodologías estandarizadas por los científicos para un conocimiento del estado de los stocks

Cumplimiento de la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves, limitando la pesca destructiva (como la pesca de arrastre) en la red Natura 2000

Concreción y aplicación del Plan Nacional para la Reducción de las Capturas Accidentales en la Actividad Pesquera, con la incorporación de tiburones, rayas e invertebrados.

Acciones para el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la descarbonización en la pesca

Revisión de la tabla de enfermedades profesionales de actividades como las mariscadoras, las redeiras o las percebeiras

Impulso del modelo de ventanilla única para la realización de las diferentes gestiones administrativas.

Supresión de la obligatoriedad de renovación de titulaciones y exención del pago de tasas.

Recuperación del papel de organismos como el Instituto Social de la Marina (ISM), al que se le han retirado competencias clave para el sector pesquero, e instaurar otros similares al antiguo Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)

Fomento de la compra pública de productos frescos de la pesca artesanal en instituciones públicas (hospitales, residencias, colegios…) mediante su inclusión en los pliegos de contratación.

se regularán, con el acuerdo con las comunidades autónomas, los umbrales mínimos de servicios básicos que deben prestar las entidades bancarias por territorio

Favorecer la instalación de industrias en las regiones de la España vaciada que acogen importantes desarrollos de energías renovables. Para ello se estudiarán reformas en el mercado eléctrico que rebajen el precio de la electricidad en las cercanías a las zonas productoras de energía renovable y fomentaremos las subastas de contratos renovables a largo plazo que garanticen precios estables para pequeñas y medianas empresas.

crearemos un Fondo Público de Inversión en Energías Renovables, similar al Fondo Soberano Noruego del Petróleo, cuyo objetivo será financiar procesos de desarrollo industrial en la España vaciada y en el mundo rural

Impulsaremos un plan de acción para el medio rural que implique a las diversas áreas de gobierno y aporte recursos presupuestarios específicos y continuados

El objetivo de esta medida es que todos los habitantes del medio rural tengan acceso a los servicios esenciales en un tiempo máximo de treinta minutos.

Refuerzo de la presencia de las Administraciones públicas, con beneficios fiscales o incentivos económicos a los empleados públicos que se comprometan a trabajar y residir en las zonas rurales un mínimo de cinco años.

Un fondo específico de arranque, apoyo técnico y administrativo a las personas emprendedoras, incentivos para la instalación de empresas de servicios avanzados a empresas

Aceleraremos la aplicación del mecanismo para todas las normas y medidas legislativas, planes y programas en todos los ámbitos de la Administración pública

Crearemos una comisión delegada para asuntos rurales, dependiente directamente del Ministerio de la Presidencia, para coordinar las actividades de los distintos ministerios en relación con el medio rural; un consejo asesor del medio rural, con representantes de la sociedad civil del medio rural y personas expertas; y un observatorio del medio rural

un pacto de Estado por un mundo rural vivo similar al Pacto de Toledo

Desarrollaremos un plan de empleo forestal en zonas de incidencia de grandes incendios, con personas contratadas en los pueblos para la gestión integral forestal que se ocupen de la vigilancia, la conservación y la explotación de los recursos forestales.

Creemos necesario generar un marco legal, en cooperación con las comunidades autónomas y los entes locales, para el impulso de proyectos de rehabilitación y recuperación de pueblos abandonados o en vías de abandono.

Mejoraremos el acceso y la calidad de la vivienda en zonas en proceso de despoblación mediante la puesta en marcha de medidas de movilización de vivienda adecuadas a las características de cada territorio.

Proponemos una mejora sustancial de los servicios sociales rurales, estableciendo horarios de atención en los pueblos, como ya sucede con la atención primaria, o bien protocolos para que los servicios sociales acudan y actúen con eficacia cuándo y dónde se les necesite.

Se les facilitará el emprendimiento con la creación de políticas públicas que les permitan desarrollar su actividad profesional en cualquiera de los ámbitos recogidos en la actividad económica, aplicando bonificaciones a aquellos códigos CNAE relacionados con la transición ecológica y con la creación de empleos verdes.

En este sentido, promovemos desplegar dos planes específicos destinados a los pequeños municipios (especialmente en la llamada «España vaciada»), a los municipios rurales y a las áreas metropolitanas.

Se mantendrá la iniciativa Ecosistema Cultura Territorio (plan de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas), potenciando mejoras para la eficacia de su misión; por ejemplo, simplificar la tramitación y la gestión para garantizar así el acceso de los pequeños municipios a las convocatorias.

la Conferencia de Presidentes y Presidentas debe ser convocada al menos una vez al año

el Consejo de Política Fiscal y Financiera debe ser reformado para que sea una herramienta clave y eficaz en la resolución de todos los asuntos de naturaleza financiera que atañen a las comunidades autónomas.

se avanzará en la constitución de entes metropolitanos para gobernar las áreas funcionales de las ciudades de mayor tamaño.